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Indice:

1. Introducción
2. Contaminación Atmosférica
3. Aguas
4. Residuos
5. Medio Natural
6. Prevención Ambiental
7. Administración del Medio Ambiente






Se presentan a continuación las Conclusiones Generales del V Congreso Nacional del Medio Ambiente, que fueron expuestas en el Acto de Clausura del mismo. Su realización ha supuesto un enorme esfuerzo de síntesis, pero consideramos que en este documento están plasmadas las ideas clave que han podido extraerse de los Actos celebrados en el Congreso, es decir, los Grupos de Trabajo, las Mesas Redondas y las Sesiones Plenarias.

Los resúmenes pormenorizados de cada uno de los Actos pueden encontrarse en el libro Resumen Final que, junto al CD-Rom Grupos de Trabajo y Ponencias, constituyen las publicaciones finales del V Congreso Nacional del Medio Ambiente
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• Hoy en día está reconocido que las actividades humanas producen un cambio climático cuyas repercusiones ecológicas, económicas y sociales podrían alterar de forma irreversible a nuestra civilización.

Nos enfrentamos a un problema global que presenta facetas de índole estrictamente nacional. La vertiente internacional requiere de una ardua negociación entre los países directa e indirectamente afectados. Pero el ámbito internacional no es suficiente. Los acuerdos tardan demasiado y el problema ya existe y cada vez será más acuciante.

Los gobiernos deben asumir esta situación y pasar de los Protocolos de intenciones a la puesta en marcha de políticas activas, tanto a nivel nacional como internacional. Políticas que impliquen normativa concreta para lograr la reducción de la emisión de gases que producen el efecto invernadero (esencialmente CO2 y CH4) y para fomentar la eficiencia, el ahorro energético y las energías renovables y que estén dotadas de los presupuestos correspondientes.

• El tremendo fracaso de la Cumbre de La Haya, donde los gobiernos no pudieron acordar medidas para la lucha contra este problema que compromete a todo el planeta, ha supuesto en tres años (tras Kyoto en 1997) una enorme pérdida de tiempo, pues no se ven avances, sino posiciones enquistadas, donde priman los intereses económicos. Todo ello hace ver la necesidad de impulsar acciones desde la sociedad, para así hacer entender a los poderes públicos la gravedad de lo que se plantea. Desde este V Congreso Nacional del Medio Ambiente hacemos un llamamiento a los países más desarrollados (fundamentalmente los EE.UU. y la UE) para que asuman su compromiso ambiental, como están asumiendo otros compromisos internacionales de carácter político, económico y comercial.

• Según estos principios, debemos instar al gobierno español a que establezca una verdadera estrategia del Cambio Climático, en coordinación con las Comunidades Autónomas y las administraciones locales. Es urgente el establecimiento de una Oficina, Consejo o Comisión del Clima, organismo que deberá planificar, coordinar y gestionar las estrategias para la lucha contra el Cambio Climático.

• Se considera necesario a nivel español solicitar a la Administración Central la creación de un Plan Nacional de Contaminación Atmosférica que, integrando todas las iniciativas de las distintas Comunidades Autónomas y Administraciones Locales, establezca un plan coordinado en donde exista un apoyo técnico y económico por parte del Ministerio de Medio Ambiente, así como la adecuación de la obsoleta legislación en la materia.

• Como acción que depende exclusivamente de los poderes públicos, es necesario que se adopten medidas de ahorro y control del alumbrado, tales como promover la sustitución de equipos de alumbrado de bajo rendimiento por otros más eficientes, adecuar los niveles de iluminación a las necesidades reales, reduciéndolos a partir de una hora determinada o regulando el encendido y apagado de las iluminaciones publicitarias y ornamentales.

• El ruido es una fuente de contaminación que produce grandes molestias a la población. La ausencia de una regulación adecuada homogeneizadora de las normas existentes en materia de contaminación acústica, está llevando al incremento de la misma en los últimos años, tanto en el espacio como en el tiempo.

Por tanto se considera necesario acelerar el proceso del control del ruido, tanto en el desarrollo de la normativa como en la concienciación de la población, en especial en cuanto a sus efectos sobre la salud.

• La aplicación de nuevos criterios constructivos en la edificación, desde su diseño arquitectónico, contribuye a minimizar la contaminación atmosférica, por implicar una enorme reducción en el consumo energético (la edificación consume un 30%) y reducir así las emisiones de CO2. Sin embargo, en la construcción de edificios no se tienen en cuenta suficientemente los gastos energéticos que el usuario final deberá tener para acceder al confort en el interior de las mismas y, por tanto, las opciones o alternativas energéticas (bioclimáticas) para reducirlos. En cualquier caso el bioclimatismo debe implicar en primera instancia a la ordenación urbanística y, a partir de ahí, al propio diseño arquitectónico.

• Existe un importante debate científico con respecto a los efectos en la salud de los Campos Electromagnéticos (CEM). Un debate que no está cerrado, dada la complejidad y duración de los estudios realizados hasta el momento y los que aún están en marcha. Por ello, desde este Congreso Nacional, reclamamos que se potencie la investigación sobre los posibles efectos de los campos electromagnéticos y, como medida cautelar hasta la clarificación del debate, reclamamos la puesta en marcha, por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de una normativa específica que regule las instalaciones emanadoras de CEM. Asimismo, se insta a los organismos competentes a la adopción de una clara política informativa de cara a los ciudadanos, primeros interesados en los resultados de las investigaciones científicas.

• La puesta en marcha de políticas de fomento de energías renovables no es sólo una apuesta firme y decidida para la lucha contra el cambio climático, sino que supone un factor social y de creación de empleo importante. Se estima, en este sentido, que el sector de energías renovables puede generar para el año 2010, 500.000 empleos directos, a nivel de la UE, y 45.000 a nivel español. Por otra parte, debido a la liberalización del sector eléctrico, los pequeños productores de energía podrán cubrir la demanda energética de áreas rurales poco desarrolladas, donde no están claros los criterios de rentabilidad de los grandes generadores de energía, asumiendo así una importante faceta de equilibrio territorial.

• Sería recomendable revisar los criterios hasta ahora existentes, a la hora de cuantificar las primas de los productores de energías renovables, siendo a este nivel necesaria la consideración de las externalidades (derivadas de los impactos ambientales) que cada tipo de energía renovable pudiera conllevar.
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• Ante una situación de recursos hídricos limitados y escasos, agravada por un aumento de las demandas, es obligado mejorar la eficiencia de la gestión del agua en todos sus aspectos. Para realizar una gestión eficiente del agua es preciso disponer, en primer lugar, de unos instrumentos y medios adecuados, técnicos, legislativos e institucionales.

• Estamos muy lejos de poder afirmar que el uso del agua en España es eficiente. Existe una cultura despilfarradora del agua, que tiene su base en la ausencia de una normativa que fomente el ahorro y en una política institucional basada en el incremento de la oferta. En cualquier caso, para lograr una mejor eficiencia del uso del agua en las ciudades, sería preciso articular medidas que fueran dirigidas a llevar a cabo una administración más eficiente de los abastecimientos urbanos, a través de acciones como el aumento del control público en la gestión, el establecimiento de indicadores y estándares de servicio, la reducción de pérdidas en las redes y el estímulo para el ahorro de agua. Para ello son recomendables las siguientes medidas:

· Reducción a medio plazo de las pérdidas reales en las redes de distribución, siendo necesario definir unos límites en función del tipo de red.

· Adecuación de las normativas autonómicas y municipales de construcción que fomenten la reutilización de algunas aguas, o la exigencia de fuentes alternativas de abastecimiento en función de los usos a que se destine el agua (aguas depuradas para riego).

· Designación de partidas presupuestarias específicas a nivel municipal para la realización de campañas educativas que fomenten un uso más racional del agua.

· Incorporación obligatoria de medidas eficientes de gestión del agua en todos los edificios públicos y privados de nueva construcción, siendo recomendable definir un horizonte temporal para los ya construidos.

· Establecimiento de un organismo de control público que asegure que las entidades gestoras, tanto públicas como privadas, presten un servicio de calidad y aseguren la sostenibilidad del servicio eficiente para el medio y largo plazo.

· Establecimiento de tarifas progresivas que penalicen el derroche y premien el ahorro.

· Establecimiento de medidas para la correcta gestión de las aguas pluviales, incluyendo su aprovechamiento.

· Promulgación de una Ley Marco de Abastecimientos Urbanos de ámbito nacional, respetando las competencias de las Comunidades Autónomas en la materia, cuyo objetivo sea garantizar las condiciones adecuadas de prestación del servicio.

• El Plan Hidrológico Nacional es en España una evidente necesidad. Pero el tiempo de su debate debe ser congruente con la magnitud de la propuesta y con la irreversibilidad de muchas de las acciones que comporta.

El agua, en España, debe ser considerada como un elemento de cohesión socioterritorial, y de desarrollo económico conjunto de las diferentes regiones o autonomías que conforman el país.

Sobre esta realidad, a su vez, pivota otra de igual trascendencia, como es el mantenimiento de los ecosistemas fluviales. Valor social, valor económico y valor ecológico son los vértices de un triángulo que circunscribe la integralidad cíclica del agua, las facetas a las que cualquier planificación debe ser sensible, considerando los aspectos cualitativos y cuantitativos en función de las demandas concretas, superándose así los viejos tópicos de que "el agua se pierde en el mar". Se precisa, por tanto, una nueva cultura, en la que el ahorro, la reutilización, las nuevas técnicas (desalación), la gestión integrada entre superficiales y subterráneas y, en general, un uso más eficiente, sean los elementos básicos sobre los que decidir las actuaciones.

La planificación del recurso debe partir de esta nueva cultura y dar cabida a las obras públicas necesarias, las cuales no debemos tanatizar, pero tampoco considerarlas la clave de la planificación.

El nuevo PHN es una ambiciosa y compleja apuesta política que debe huir de una centralidad basada en un trasvase. Deberá entenderse, de este modo, como un camino sobre el que plantear el debate y, tras él, los acuerdos políticos y sociales con las Comunidades Autónomas afectadas directa e indirectamente, porque el problema del agua sólo podrá resolverse con un gran pacto generoso y abierto, que parta de la base de la constatación de necesidades reales. Un PHN que especialmente debe partir de los criterios emanados del Libro Blanco del Agua, elaborado por el propio Ministerio de Medio Ambiente, y de la previa aprobación de un Plan Nacional de Regadíos. Asimismo, y de manera prioritaria, es necesario asumir los criterios emanados de la nueva Directiva Marco de Aguas, una norma que institucionaliza, a nivel comunitario, la gestión ambiental de todas las aguas por cuencas hidrográficas.

• La modificación de la Ley de Aguas ha establecido que los caudales medioambientales son una restricción que se impone con carácter general a los sistemas de explotación, con la única excepción del abastecimiento a poblaciones. Dado que el objetivo común es lograr una gestión sostenible del agua, es aconsejable apostar por un diseño del río que deber ser consensuado entre los usuarios del mismo, haciendo así efectivo el principio de participación pública en la gestión del agua. Ello exige establecer un vínculo de comunicación entre la administración, los regantes, la industria en general y los ciudadanos, que permita lograr un acuerdo sobre la gestión del recurso, establecer las reglas que garanticen el uso equitativo y sostenible del mismo y distribuir los costes que todo ello supone.
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• Ante el fracaso del no dotado presupuestariamente Plan Nacional de Residuos Peligrosos (1995-2000), se requiere un fuerte compromiso político y una mejor coordinación entre las distintas Administraciones para que el recientemente aprobado Plan Nacional de Residuos Urbanos (2000-2006) no sufra el mismo destino.

• Los planes y programas de residuos de todas las administraciones no respetan el principio de jerarquía fijado por la Unión Europea, ya que fomentan la eliminación en vertedero frente a la minimización y el reciclado. Las estrategias de planificación de residuos deben incorporar planes de educación y sensibilización, no de carácter puntual, sino de forma permanente a lo largo de la duración del plan.

• Los nuevos planes deben incidir en la necesidad de establecer mecanismos de medida y control eficaces, que permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados, así como la completa clarificación de las fuentes de financiación.

• La nueva Directiva de Vertederos exige condiciones ambientales que, prácticamente, el 80% de los vertederos españoles no podrán cumplir. Se exigen, por tanto, programas específicos para la restauración o sellado de estas infraestructuras, para así lograr la adecuación ambiental que prescribe la norma europea y minimizar los riesgos sobre el medio ambiente y la salud pública.

• La generación de residuos inertes supone ya un grave riesgo para el medio ambiente. Las obras públicas o privadas no deberían estar aprobadas sin que se clarificase la gestión o destino final de estos materiales, cuya inertidad en muchas ocasiones es claramente cuestionable.

• Se demanda nuevamente a los distintos sectores industriales que cumplan la normativa en lo reglamentado, como generadores de residuos especiales o peligrosos. Aún no conocemos en España cifras exactas de la generación de estos residuos.

• Existen tecnologías para la correcta gestión de todos los residuos, pero el rechazo de los ciudadanos a la instalación de plantas e infraestructuras constituye actualmente un grave problema a superar. Padecemos una enorme confusión social en cuanto a mezclar problemas con soluciones. El impacto ambiental directo está producido por los residuos mal gestionados. Las plantas de tratamiento de residuos bien proyectadas, bien ubicadas y bien gestionadas son la solución y, para su puesta en marcha, es preciso fomentar sistemas de información ciudadana y de participación pública, siendo recomendable su aplicación, tanto antes, como durante y después de asumir la decisión de instalar una Planta de Tratamiento. Esta confusión antes citada cobra especial entidad, dado que puede estar en juego la credibilidad de todos: técnicos, políticos y ONGs.

• Nuevos tipos de residuos requieren nuevos sistemas. Así, para la gestión de los VFU, se precisa la adecuación de un registro de desguaces como gestores de residuos, con la implantación de sistemas de recuperación y valorización de materiales metálicos o no metálicos.

• En un futuro próximo, deberemos implantar soluciones para la gestión de nuevos residuos, además de los ya citados: chatarras de equipos electrónicos, despojos cárnicos, residuos peligrosos del hogar, etc.

• Dado que el problema de los residuos radiactivos afecta a toda la sociedad en su conjunto, todos sus representantes deben participar en su comunicación. A la luz de distintos estudios de opinión analizados, se observa una clara desinformación ante esta problemática. Es por ello por lo que es necesario abordar una política, tanto formativa como informativa, de manera continuada. Política que debe ser llevada a cabo por todas las instituciones representativas de la sociedad española, como son universidades, colegios profesionales, empresas eléctricas, organizaciones ecologistas y de consumidores, sindicatos, representantes políticos, etc. para que, de esta manera, todos los organismos sociales se involucren en la tarea de informar, con el fin de que el ciudadano perciba con mayor claridad y objetividad la necesidad de resolver un problema de interés general. Este foro pretende cumplir con las premisas de objetividad, claridad, independencia y credibilidad de la información sobre la situación actual existente.
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• La apuesta de la Red de Espacios Protegidos en un futuro, según la Red Natura 2000 es, en España, muy importante.

Hasta el momento, un total de 809 lugares, con una superficie de 8,5 millones de hectáreas, constituyen la lista nacional española propuesta a las autoridades comunitarias, lo que implica que casi un 17% del territorio nacional deberá soportar, en un futuro próximo, medidas y actuaciones de conservación, orientadas al mantenimiento de sus valores naturales, hábitats y especies de flora y fauna.

La Red ZEPA en nuestro país incluye actualmente 182 áreas designadas, casi un 7% del territorio nacional. En estos momentos, la Comisión Europea está pidiendo a España un aumento sustancial de esta Red.

En suma, la Red Natura 2000 se configura como un gran reto de transformación del mundo rural, que permita su desarrollo armónico con la conservación de nuestro patrimonio natural. Para llevar a buen fin este magnífico empeño, será necesario propiciar una amplia toma de conciencia en las distintas esferas que integran nuestra sociedad, realizar un importante esfuerzo económico de las administraciones públicas -pero también del sector privado- y planificar una reestructuración de los fines y medios de las políticas sectoriales (actualmente la integración en estas políticas de la Red Natura 2000 es casi nula). Entendemos que, actualmente, la conservación no es un freno al desarrollo, sino el motor imprescindible del mismo, que permitirá garantizar la sostenibilidad social, económica y cultural de nuestro territorio.

• En cualquier caso, se debe insistir en el gran tesoro que tiene España, constituido por la calidad que todavía permanece en muchos de sus ecosistemas. Esta biodiversidad (la mayor de la UE) tiene un uso: atracción turística, alimentación, obtención de fármacos, etc... pero, sobre todo, implica una cultura, una forma de ser, una identidad que debemos legar a las generaciones posteriores que podrán reclamar su herencia.

• El aumento del número de incendios y de la superficie afectada por los mismos, ha originado la disminución de nuestras superficies arboladas de forma preocupante. Este incremento demuestra que existen grandes carencias en la prevención. Por otra parte, es exigible una mayor especialización de todo el personal que interviene en los incendios, en las variables de comportamiento y en las situaciones de peligro para sus vidas, así como la estabilidad en el empleo de las personas especializadas, como único medio para que, con la experiencia adquirida en el tiempo, su formación se rentabilice para la sociedad.

• Asimismo, se precisa una mayor agilidad, por parte de las administraciones, para tomar medidas urgentes que recuperen la cubierta vegetal afectada por los incendios, en aquellos suelos con problemas graves de erosión. En este sentido, se hace precisa una nueva normativa que contemple el uso forestal sostenible y que, soportado en la multifuncionalidad del bosque, dé coherencia a los planes de reforestación hasta ahora emprendidos por las distintas administraciones.

• Resulta un tanto paradójico que el cambio en la Política Agraria Común lo hayan promovido otros países miembros, y que España haya ido un tanto a remolque, cuando es de los países que más se puede beneficiar en este sentido. La reforestación de tierras agrarias debe continuar dadas las repercusiones de mejora ambiental de las zonas rurales que conlleva y que supone la transformación de superficies agrícolas deficitarias económicamente, en superficies con una consideración multifuncional: económica, social y ecológicamente.

• Hacer compatible el desarrollo y las actividades socioeconómicas que se asientan en la franja costera con la preservación efectiva de los ecosistemas naturales, tanto del lado marino como del lado terrestre, es una tarea muy compleja que se encuentra, en definitiva, muy relacionada con la ordenación de los territorios fronterizos a este litoral.

En el año 2025, el 75% de la población se concentrará en la zona costera. Este hecho conlleva contaminación, destrucción de sistemas naturales y erosión litoral. El exponente más claro y conocido de la fragilidad del medio costero lo constituyen las playas, ya que son el soporte de la mayoría de las actividades turísticas y, además, son muy dependientes de la dinámica litoral.

Por todo esto, se ha visto cada vez más la necesidad de afrontar la gestión del litoral desde una visión global e integrada, es decir, sostenible, haciendo compatible con el respeto al entorno su desarrollo socioeconómico.

Para ello, se considera necesario dotarse de los siguientes elementos:

· Un órgano de coordinación entre administraciones de carácter pluridisciplinar (pesca, agricultura, energía, transporte, industria, turismo y medio ambiente).

· Una red estatal de información que permita intercambiar la información científica y técnica.
· Un organismo consultivo o "Foro de la Costa" abierto a los sectores y grupos de la sociedad con interés o presencia en las zonas litorales.

• El patrimonio industrial supone un elemento fundamental en la evolución histórica de las regiones, y configura cadenas de asociación analógica entre los diferentes países europeos. Además el desarrollo industrial implicó la creación de auténticos ejes de desarrollos industriales, por lo que muchos de estos edificios se concentran en los principales nudos de comunicación por carretera o ferrocarril.

Conscientes de la importancia de este patrimonio, sería preciso fomentar en España la recomendación del Consejo de Europa y la Unión Europea, impulsando la recuperación de las grandes áreas industriales y de los edificios industriales aislados, para la creación de parques etnográficos, museos y centros de divulgación, que potencien el conocimiento de esta riqueza cultural y, simultáneamente, permitan una recuperación medioambiental de la zona y la gestión sostenible de su entorno.

• La ocupación del espacio, del suelo, implica también una amenaza para la conservación de nuestros paisajes; por ello, una buena gestión territorial que implique una valoración global de los mismos, con el establecimiento de niveles de protección, así como, a nivel de proyecto, una mejora de la integración de nuestras intervenciones, es importante para el mantenimiento de las cualidades paisajísticas de nuestro entorno. Es necesario que la gestión ambiental del paisaje amplíe su campo al paisaje urbano y periurbano, y descienda a la escala urbana, arquitectónica e ingenieril, con tantas y tan variadas connotaciones sobre el medio ambiente urbano.

• Los excesos de construcción han generado un sentimiento diferenciado de rechazo hacia las obras públicas. Si los objetivos de la obra no están claramente ligados a una necesidad que la sociedad perciba como suya, es difícil que la obra pueda ser aceptada e integrada en el paisaje como una actuación humana. Además, el emplazamiento de la obra en cuestión debe responder a una lógica territorial que justifique su presencia en cada paisaje concreto, y su diseño se debe afrontar desde un profundo conocimiento del lugar.

• Por otra parte, en los nuevos planteamientos de integración de los aspectos medioambientales en la agricultura y el desarrollo sostenible adoptados en los foros internacionales y en la política agraria de la UE, el paisaje está cobrando una importancia de primer orden. La condición integradora de numerosos elementos físicos, biológicos, culturales y sociales del paisaje agrario permitirá indudablemente su utilización como valioso indicador del avance de las políticas agrarias hacia la sostenibilidad. Pero también, considerado en sí mismo como recurso, hace que su conservación y mejora represente una opción muy importante para el desarrollo de muchas zonas rurales de nuestra geografía.
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• La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es un instrumento preventivo esencial para hacer efectivo y real el control del desarrollo sostenible. Sobre esta premisa seguimos reivindicando la EIA como una apuesta de y para la sociedad en materia de política ambiental, y por ello es esencial su potenciación. Para esto, es necesario mejorar su implantación, exigiendo más compromisos a todos los agentes implicados. Mejores proyectos, mejores Estudios de Impacto Ambiental, más adecuadas Declaraciones de Impacto Ambiental harían un proceso más correcto y con menores dilaciones, siendo este último uno de los problemas más graves que pone en riesgo la propia EIA.

• El reciente Real Decreto Ley 9/2000, que actualiza la normativa en materia de EIA, incrementa el número de actividades reguladas pero no avanza suficientemente ni subsana las deficiencias que, sobre la aplicación del procedimiento, se denuncia desde diferentes ámbitos. Es un Decreto de mínimos que ha supuesto una ocasión perdida para potenciar la EIA. Este Real Decreto necesita un desarrollo reglamentario con urgencia. Para la integración de los diferentes instrumentos legislativos en materia de prevención, se deberá regular, tanto desde la esperada norma que transponga la Directiva IPPC, como desde este necesario futuro reglamento que desarrolle el Real Decreto Ley 9/2000.

• Pero, ante todo, es fundamental fomentar la integración ambiental en todas y cada una de las fases del proceso de toma de decisiones. Es preciso regular ya la Evaluación Ambiental Estratégica de planes y programas y potenciar, desde la administración ambiental, la vigilancia y el control del cumplimiento de las condiciones que se derivan de la Declaración de Impacto Ambiental, hecho este último que daría a la EIA fuerza, sentido social y, sobre todo, credibilidad.

En definitiva, son muchas las cuestiones pendientes, algunas de ellas resolubles desde la responsabilidad de los consultores, otras desde el buen hacer de los promotores, pero la mayoría sólo se podrán solucionar si hay intención política y, en consecuencia, la administración ambiental se dota de los medios suficientes para implementarlas con eficacia, déficit que provoca unos retrasos en el procedimiento, que ponen en riesgo la propia credibilidad de la EIA.

• La normativa de EIA en vigor asume explícitamente que han de tenerse en cuenta los impactos ambientales en la salud de determinados proyectos. Sin embargo, en España estos proyectos de EIA adolecen de las consideraciones técnicas pertinentes, que permitan predecir y, en su caso, corregir y vigilar los efectos potenciales en la salud de la población.

• El desarrollo metodológico de la evaluación del impacto ambiental en salud es fundamental, si se tiene en cuenta que las actividades que recoge la normativa de EIA pueden estar próximas a núcleos de población y que, en otros casos, la contaminación, especialmente química, puede afectar a zonas lejanas de la actividad, a través de las cadenas alimentarias.

• Por otra parte, hasta que no se elabore un Procedimiento técnico-administrativo de Evaluación de Riesgos para la población, ésta deberá estar incluida en la EIA.

• Las administraciones competentes han de velar para que se incorpore al procedimiento administrativo que sigue la tramitación de los proyectos de EIA, la evaluación de los impactos en salud con la implantación de las medidas correctoras específicas y de vigilancia de la exposición (ambiental) y, en su caso, la puesta en marcha de controles epidemiológicos.

• Es preciso que la gestión ambiental confluya haciendo un todo común con la ordenación territorial, propiciando un estilo de desarrollo basado en los recursos endógenos (naturales y construidos) y humanos; y siempre en el concepto de sostenibilidad, muy asociado al de solidaridad, en tiempo y en espacio, así como al reconocimiento de los límites que existen en el aprovechamiento de los recursos naturales.

• Este concepto de ordenación territorial propone un desarrollo equilibrado, parejo en todas las regiones, comarcas o municipios o, lo que es lo mismo, un nivel de calidad de vida equivalente en todo el territorio. Una ordenación territorial que, sobre la base de integración ambiental, minimice los efectos negativos de las distintas actividades económicas sobre el entorno y maximice los efectos positivos.

• La implantación de Sistemas de Gestión Ambiental, ya sea por vía de la ISO 14001 o del Reglamento de la UE EMAS, posee ventajas como son: la mejora de imagen, ahorro o prevención de costes, mejora del aprovechamiento de recursos, garantía de cumplimiento legal, acceso a nuevos mercados e, incluso, un mayor conocimiento del sistema productivo, que redunda en una mejora de la productividad. En este sentido se está observando el creciente interés de determinadas instalaciones en definir Sistemas de Gestión Ambiental, como los hospitales y, especialmente, las infraestructuras militares. En este sentido, es digno de tener en cuenta el loable esfuerzo de nuevos sectores, entre los que destacan el relacionado con la Defensa Nacional, al incorporar en sus prácticas el estricto respeto al medio ambiente.

• Se anima a las empresas industriales y a otras organizaciones (entidades públicas o privadas, centros hoteleros, hospitales, etc.) a que se integren en el proceso y que implanten Sistemas de Gestión Ambiental, útiles para sus gestores y, sobre todo, para la sociedad.

• Se ha constatado que existe un enorme riesgo ambiental (además del social y económico) derivado del cese de las explotaciones mineras. Para evitarlo, es preciso contemplar el aspecto ambiental integrado con los otros componentes que se consideran a la hora de diseñar el cierre: el técnico, el económico, el social y el financiero.

• Existen técnicas y experiencias para minimizar los impactos ambientales y lograr la restauración de las zonas mineras, si bien se considera conveniente que, en la Ley de Minas, se amplíe el artículo dedicado al cierre de las explotaciones mineras, de forma que se introduzca la variable ambiental como un parámetro a tener en cuenta en el cierre o clausura. Asimismo, se debería establecer un mayor rigor en los proyectos y documentación que deben ser presentados para el cierre, asumiendo la administración minera el control y el seguimiento del mismo, estableciéndose una relación y conexión clara entre las fianzas/avales destinados a la restauración y el cierre de las explotaciones, que garanticen o puedan garantizar los hipotéticos daños que se pudieran ocasionar.

• Al igual que los modelos económicos tradicionales, se ve necesario que, para la evaluación del estado de la calidad del medio ambiente, se efectúe una medida de los resultados a escala local, nacional e internacional. Esta información de carácter ambiental debe acompañar a la información socioeconómica que aparece diariamente en los medios de comunicación. Dicha integración de la información contribuiría a un nuevo entendimiento de los retos y decisiones relativas al debate sobre la sostenibilidad y supondrá la base para la integración social, económica y ambiental.

• Los Sistemas de Información Ambiental (SIA) son herramientas de prevención y gestión de alta capacidad. Si bien es más importante dar acceso por contenidos, que no por formato. Una información puede estar sobre publicación, página web o SIG pero es accesible mediante el SIA con independencia de su formato. Debe tenderse al modelo, por ejemplo, las comunidades autónomas pueden agregar los datos de los entes locales, el Estado puede agregar los datos de las CC.AA., la Agencia Europea del Medio Ambiente puede agregar los datos estatales, etc. Asimismo, todas las administraciones ambientales deberían comprometerse a poner en marcha un boletín electrónico de noticias, boletines electrónicos sectoriales; comprometerse a poner en sus webs los impresos administrativos para que puedan ser descargados e impresos por el ciudadano. En todo caso, si alguna información debe priorizarse en las webs de las administraciones públicas, ésta es la relativa al trámite de información pública, la que garantiza la transparencia de una administración. No es suficiente anunciar el trámite, sino que deberían poderse consultar electrónicamente los documentos escritos y gráficos.

• Los indicadores ambientales suponen, a su vez, instrumentos esenciales para vigilar el estado del medio ambiente. Las administraciones deberán realizar un importante esfuerzo para considerar su aplicación, si bien se hace preciso lograr la homogeneización de cuerpos comunes de indicadores para las distintas administraciones competentes. Asimismo, se plantea la necesidad de informar al ciudadano de la existencia de estos indicadores, de cara a que ejerzan un papel verificador de esta calidad ambiental.

• Las tecnologías de la información y las comunicaciones son la base de los dispositivos y las redes de protección y control del medio ambiente, fundamentalmente los sistemas de teledetección y los dispositivos sensores de magnitudes medioambientales que, a través de redes de transmisión de datos, son enviadas a centros donde se procesa la información recibida. Es éste un sector claramente emergente que, además de una evidente función social, puede llegar a ser un nuevo nicho de generación de empleo, siempre y cuando existan políticas que fomenten la vigilancia de la calidad ambiental. Existen, por otra parte, otras aplicaciones ambientales de los sistemas de detección de gran interés: estudios batimétricos y de costas, análisis de la salinidad de los mares, detección de acuíferos, localización de residuos enterrados, etc., que podrían ser objeto de estudio en próximas ediciones del congreso, si bien falta por estudiar un gran número de posibilidades que, dentro del campo medioambiental, tienen las redes de sensores: protección de incendios forestales, control de ruido urbano, control de gases en entornos industriales, etc.

• La Directiva (96/61) sobre Prevención y Control Integrado de la Contaminación (IPPC) debería haber sido traspuesta al ordenamiento jurídico español el pasado 31 de Octubre de 1999. Esta Directiva es de enorme trascendencia para la protección del medio ambiente, ya que supone la aplicabilidad de determinadas técnicas no contaminantes en función de unos límites de emisión a definir.

El hecho real de que la complejidad de su implantación en España deriva fundamentalmente del reparto de competencias entre las distintas administraciones, no debe ocultar la obligatoriedad e importancia de su incorporación al derecho interno español. No obstante, es preciso atender en esta incorporación los siguientes problemas:

· La coordinación administrativa debe exigirse incluso en el ámbito reglamentario: la aplicación de la Directiva en algunas comunidades puede requerir dejar sin efecto, en su territorio, disposiciones estatales, lo cual puede dar lugar a conflictos jurídicos.

· La necesidad de aglutinar en uno todos los períodos de información pública.

· La resolución de los temas competenciales debe dejar perfectamente establecido quién es el responsable final de la autorización.

· Las MTDs son necesarias, pero el control debe originarse a que se usen y no que se tengan.


• Las CC.AA. están preparándose para la implantación de la Directiva, si bien con ritmos desiguales. Es inexcusable e imprescindible una decidida apuesta política del MIMAM para ejercer su labor coordinadora con la transposición urgente de la Directiva.

• La educación ambiental de la población sigue siendo un factor de equilibrio esencial entre lo social, lo económico y el respeto al entorno. Su papel cobra especial relevancia a la hora de definir un nuevo modelo urbano, en el que la ciudad constituya un espacio vital óptimo sin menoscabo de los ecosistemas que la sustentan. La educación ambiental es, de esta manera, un factor de convivencia y de equidad social, en tanto que se encuentra ligada a la promoción del empleo, a la igualdad de oportunidades, a la reflexión sobre el equilibrio entre países pobres y ricos, a la participación ciudadana y, por tanto, a la profundización del sistema democrático. Las nuevas tecnologías de la comunicación suponen un gran instrumento de apoyo a la educación ambiental.

• El dilema entre desarrollo del turismo y la sostenibilidad del entorno sólo puede resolverse mediante una acción medioambiental decidida de todos los agentes involucrados en los diferentes aspectos de la actividad turística. Al ser la sostenibilidad una variable sobre la que tienen influencia los diversos agentes de la cadena de valor, resulta imprescindible identificar la posición de cadenas hoteleras, agentes de transporte, operadores mayoristas, consultores, normalizadores y certificadores. En cualquier caso, crece la concienciación de que la no sostenibilidad tendría un coste importante para el sector turístico.

• La provisión de datos, en términos económicos y financieros, ha sido un referente de la contabilidad, la cual supone el sistema de gestión informativa más importante de cualquier entidad. El valor que está adquiriendo el factor ambiental en la dirección de las organizaciones exige un replanteamiento de los modos de pensar y de actuar, dado que este factor es ya un recurso del proceso económico. En este sentido se hace necesaria una ampliación de los objetivos de los modelos contables convencionales, que incorpore las consecuencias medioambientales y económicas de los conceptos de sostenibilidad y eficiencia ecológica corporativas. Una contabilidad que integre los costes derivados de las prevenciones o correcciones de los efectos ambientales.

• Esta nueva contabilidad, en la que se hace visible lo ambiental, debe reflejar dos aspectos propios de un sistema de valoración:

· Las consecuencias del factor ambiental sobre los resultados financieros.

· Los impactos que, sobre el medio natural, tienen las actividades de la entidad.

• Fenómenos como la globalización económica han puesto sobre la mesa nuevos problemas ambientales que se suman a los ya existentes, muchos de ellos aún sin solución. La liberalización y mercantilización extrema pueden trasladar gravísimos problemas ambientales, fundamentalmente en los países en vías de desarrollo que no poseen un adecuado sistema político, legal y de control estatal.

• La globalización de la economía no puede dar la espalda a la globalización ecológica. Problemas comunes como el cambio climático, la afección a la capa de ozono, las lluvias ácidas, etc., ya han hecho ver esta necesidad.

• Las organizaciones internacionales, tanto las de responsabilidad ambiental como comercial, y los estados deberán velar porque los desarrollos económicos se implanten al menos guardando las condiciones y criterios con que se ejecutan esos mismos desarrollos en los países de origen de las corporaciones o empresas que pretendan su expansión.

• El V Congreso Nacional del Medio Ambiente reclama de una manera firme y decidida la participación de los trabajadores y sus representantes en la gestión empresarial en materia ambiental, reclamándose, por primera vez, la elaboración de una normativa específica donde se regule esta participación.

Este instrumento legal potenciará las experiencias de participación como las que hasta ahora se vienen realizando en algunas empresas y organismos.

La negociación colectiva y la integración de las consideraciones medioambientales en el conjunto del actual marco legislativo que afecta a diferentes ámbitos, son otras vías para impulsar la intervención sindical en la gestión ambiental de las empresas.

• En materia de alimentos transgénicos se hace necesario fomentar la investigación sobre los efectos de estos alimentos no sólo (aunque esencialmente) sobre la salud pública, sino sobre los efectos que su producción conlleva sobre los ecosistemas naturales.

• Se hace necesaria una mayor claridad informativa de cara a los consumidores en lo relacionado con el etiquetado de estos alimentos, siendo recomendable la ampliación de los criterios que para regular este etiquetado están previstos en la vigente normativa.
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• La organización autonómica del Estado ha facilitado la multiplicación de la sensibilidad ambiental, extendiendo más fácilmente ésta entre el conjunto de la población.

Esta organización autonómica ha facilitado también que el despliegue competencial regional en materia de regulación, planificación, concertación y fomento de soluciones a los problemas ambientales se desarrolle de manera efectiva. Sin embargo, las disparidades en los ritmos y formas con que se lleva a cabo el despliegue de ese ejercicio de las competencias, en ausencia de referentes comúnmente aceptados, facilita la aparición de velocidades distintas en la puesta a punto de soluciones ambientales adecuadas.

• En cualquier caso, las Consejerías de Medio Ambiente deberán asumir mayor protagonismo y capacidad de decisión en las Comunidades Autónomas.

• Por ello, se requiere una mayor coordinación administrativa por parte de quien puede y debe hacerla, como es el MIMAM, grave carencia de su gestión que ha sido repetidamente reconocida en los pasados Congresos Nacionales. El modelo de coordinación de Conferencias Sectoriales se ha mostrado claramente insuficiente, siendo precisa la creación de un órgano regulador, administrativamente de carácter superior, que favorezca esta coordinación.

• Además de los déficits de coordinación antes apuntados, estamos asistiendo a una clara indefinición de objetivos y estrategias políticas en materia ambiental de enorme trascendencia, que preocupan sobremanera a todos los que luchamos por la protección del medio ambiente.

El MIMAM debe asumir una posición más activa superando la actual situación de indefinición, con políticas claras en materia de cambio climático (apenas han existido reuniones del Consejo Nacional del Clima y no existe una propuesta clara de nuestro país en este sentido), de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, de alimentos transgénicos, de residuos radiactivos, de desarrollo forestal, de ruidos y un excesivamente largo etcétera.

• Asimismo, es imprescindible que el MIMAM ponga en marcha el adecuado funcionamiento del Consejo Asesor de Medio Ambiente (hasta el momento y durante dos años casi inactivo), ya que se trata de un instrumento de participación ciudadana esencial en lo relacionado con el medio ambiente, y donde debería revisarse su estructura, haciendo más flexible el acceso de las aportaciones de las distintas asociaciones y permitiendo la incorporación de organizaciones de profesionales y técnicos.

• Las administraciones deben priorizar entre sus objetivos la integración de la faceta ambiental en los distintos sectores productivos y de gestión pública administrativa. Los avances en este sentido han sido muy escasos en los últimos años. Se sigue observando que lo ambiental se encuentra realmente al margen de las grandes decisiones, más allá de los discursos programáticos.

• En nuestro país existe el eufemismo de considerar positivo cumplir la normativa ambiental, lo cual podría llevar a pensar que no es tan negativo incumplirla. Debemos ser claros en este sentido y afirmar que en España el grado de cumplimiento de la normativa ambiental es muy bajo. Esto requiere, tal y como se ha reiterado también en anteriores Congresos Nacionales, potenciar las acciones de inspección y vigilancia de las administraciones, tanto a nivel de medios humanos como técnicos. Una administración que está comprometida con el medio ambiente como bien público debe velar, como mínimo, porque se respete la legislación que al fin y al cabo protege ese bien público.

• Las administraciones locales han apostado claramente por la implantación de Agendas 21 en sus municipios, integrando así la gestión ambiental entre sus prioridades. El discurso está asumido y es enorme el paso dado. Es el momento de pasar a un segundo estadio: a la acción, a la realización de hechos que confirmen este interés, a la puesta en marcha de los nuevos diseños de ciudades donde realmente éstas sean más habitables.

• Se hace necesaria la creación de un Instituto Nacional de Medio Ambiente que, con claro componente técnico y dependiendo de la Administración Central, contribuya a facilitar la coordinación y gestión administrativas. La necesidad de su existencia (también requerida en anteriores Congresos, sin reconocimiento alguno) ha sido analizada en distintos grupos de trabajo y comisiones técnicas en este V Congreso Nacional del Medio Ambiente, como calidad atmosférica, litoral, residuos, agua, etc.

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