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El Futuro del Agua en España.
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 Introducción El agua ha sido y es un problema en España. Es conocido que nuestro país posee una gran variedad climática: húmeda, norteña, y seca, al sur. Todo esto ha hecho ver la necesidad de buscar un equilibrio, no sólo en cuanto a la distribución del agua, sino en el uso de ese. El debate sobre la vialidad de muchos regadíos está abierto, un debate complejo en el que no está ausente, por una parte su papel de asentador de población, y por otra las incidencias o efectos ambientales que producen. En cualquier caso, el Plan Hidrológico Nacional debe partir de una nueva cultura del agua, la del ahorro, que se base en la gestión de la demanda pero ¿esto es así en el actual Plan Hidrológico Nacional? |
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Presentación El Congreso Nacional del Medio Ambiente considera el cambio climático como una de las cuestiones fundamentales en el desarrollo de nuestra sociedad. Por ello, planteó esta mesa redonda con el objeto de fomentar una amplia divulgación de este tema, siguiendo la línea de la comunidad científica, que ha ido concienciando a la sociedad de la importancia del problema del cambio climático, convirtiéndolo en uno de los que más repercusión provoca en los medios de comunicación. Durante la semana anterior a la celebración de esta mesa redonda, se desarrolló en La Haya, una nueva Conferencia de las Partes del Convenio Marco sobre Cambio Climático. El análisis de las negociaciones y falta de resultados de esta Conferencia se convierte en uno de los temas clave para el V Congreso Nacional del Medio Ambiente. Por otra parte, la postura de la UE apuesta por mantener una política de reducción de gases de efecto invernadero, independientemente de los acuerdos (o no acuerdos) a nivel internacional, convierten este aspecto en una de las claves a tener en cuenta en la definición de las políticas sectoriales. Con el objetivo de conocer la postura en España de los diferentes actores implicados en la cuestión, tanto acerca de las negociaciones internacionales, como de la respuesta a nivel español, se invitó a participar a representantes del Ministerio de Medio Ambiente –responsable de la definición de la estrategia de lucha ante el cambio climático en nuestro país-, de la política energética y de transportes –sectores de máxima relevancia en la puesta en marcha de medidas contra el cambio climático-, de la industria fotovoltáica, de la investigación científica de las consecuencias del efecto invernadero y del movimiento ecologista. Desarrollo del Acto José Cruz Roche. Director del Plan Nacional de Regadíos. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Se expone cuál es la situación, en términos de oferta y demanda, de la situación del agua en España, en especial de la agricultura, y dentro de ésta, el regadío. La oferta viene determinada por los recursos directamente aprovechables (110.000 Hm3, de los que se aprovechan el 9%, de los cuales el 5% son dedicadas a los regadíos), aunque con una desigualdad entre diferentes zonas (el 40% de los recursos se aprovechan en un 11% de la superficie nacional). Tanto la legislación europea como la española exigirán recuperar íntegramente los costes de gestión del agua. Pese a esto, el artículo 9.4 de la Directiva Marco del Agua deja la posibilidad de incumplir la recuperación íntegra de precios, aunque la recomienda. Y la Ley de Aguas contempla diferentes cánones (de regulación y de vertido) y tarifa de utilización, aunque también contempla la posibilidad de aplicar precios sociales o factores de corrección, para incitar el ahorro de agua, que repercutirán en la imposibilidad de recuperar los costes. Se establece un escenario de alta competencia con otros sectores, como la industria, y sobre todo, en las zonas costeras, con el sector turismo. Se deben realizar inversiones de ahorro en el consumo actual del agua para mejorar los sistemas de riego, así como una mayor repercusión de costes. También se debe incidir en una mayor protección a la calidad del agua y una profunda limitación en la obtención de agua por otros orígenes (la desalación, aparte de costes, conlleva impactos sobre la calidad del agua por los vertidos de las salmueras). Por tanto, se considera que se debe minimizar el incremento de la oferta, debido a las afecciones ambientales, y además, por el rechazo social existente, que es muy importante, en cuanto al desplazamiento de recursos hídricos de una cuenca a otra.
Francisco Javier Sánchez Muñoz. Director General del Agua del Departamento de Medio Ambiente. Diputación General de Aragón Se analiza el marco en que se encuentra la actual situación del agua en España. Para ello, describe los contenidos de la Directiva Marco del Agua, que entrará próximamente en vigor, y que condicionará la política hidráulica española. En resumen, la norma comunitaria contempla: • Uso sostenible del agua, asegurando, por un lado, el suministro y el paliar los efectos de las inundaciones y sequías, y por otro, el mantenimiento de los ecosistemas acuáticos, tanto continentales como marinos. • La prevención y protección de todas las aguas de superficie y subterráneas. • Considerar todos los datos científicos disponibles, y características de las diferentes regiones de la comunidad, tanto de las condiciones del medio ambiente, como de las socioeconómicas, utilizando el análisis por cuenca. • La planificación se llevará a cabo mediante un programa de medidas, destinado a alcanzar los objetivos y plazos determinados, que se articulará con la elaboración de los planes hidrológicos de cuenca. • Utilización de los indicadores de calidad y estado ecológico de las aguas, para determinar las presiones antropogénicas significativas, a la que se ve expuesta el agua en cada demarcación. • Control combinado de las emisiones y vertidos, para mejorar cualitativa, y cuantitativamente, los sistemas acuáticos, de forma que se sancione a aquellos que incumplan estas emisiones (“quien contamina paga”). • Introducción de instrumentos económicos, de tarificación, políticas de precios, etc, de forma que se incentive el uso racional del agua y se frene el derroche. • Gestión integrada, coordinada, y armonizada, entre las políticas de las diferentes administraciones para que éstas sean coherentes, efectivas, duraderas y transparentes, así como el refuerzo de la información, las consultas y la participación pública. La Directiva Marco del Agua asegura un alto nivel de protección ambiental, al mismo tiempo que garantizará el suministro en cantidad y calidad suficientes, y por tanto, un uso racional del agua. No obstante, esto supondrá unas repercusiones económicas importantes que se estima que, en España, pueda suponer un cifra entorno de 6 a 10 billones de pesetas, que es una cantidad nada despreciable. Debido a esto, y a que la Directiva obliga a realizar a los estados miembros unos esfuerzos muy importantes, cualquier nueva actuación de la Administración española debiera apoyarse en los principios que inspira esta norma, a pesar de que todavía no ha entrado en vigor. En la segunda parte de la exposición, el Sr. Sánchez Muñoz analiza la situación hidráulica actual en España, que califica como confusa, con actuaciones poco coordinadas entre sí. Además, explica que la realidad parece querer indicar que hay algo que falta en la política hidráulica, desde su propia concepción, en el actual sistema de planificación, lo que determina que el problema hidráulico español no es un problema de tipo coyuntural, ni de signo político, sino estructural. Dando un repaso a los acontecimientos más importantes, se señala cómo el Libro Blanco del Agua no ha conseguido el objetivo de exponer la situación hidrológica española, y conseguir un consenso social previo a la elaboración de un Plan Hidrológico Nacional. De hecho, los datos que marca no parecen claros y difieren sustancialmente respecto al anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional. En cuanto a los Planes Hidrológicos de Cuenca (PHC) se determinan cuatro circunstancias principales que justifican su falta de éxito. Por un lado, el proceso de elaboración de los planes fue excesivamente largo, lo que dificulta la actualidad de los datos en que se basa (transcurrieron 10 años desde que se produjo la documentación básica hasta que se aprobaron los PHC). Por otro lado no está comprobada la eficacia de los PHC, no se ha podido contrastar, la veracidad de las estimaciones, ni por el lado de la oferta, ni por el lado de la demanda, por lo que no parece lógico acometer una propuesta de Plan Hidrológico Nacional, con las medidas necesarias para la coordinación de estos PHC, y la solución para las posibles alternativas que ellos ofrezcan. La última circunstancia que se señala es que, contrariamente a los criterios de la normativa europea, no existe una coordinación efectiva entre la planificación hidrológica y los restantes ámbitos de planificación como son: energía, transporte, agricultura, pesca, ordenación territorial, turismo, etc (un plan hidrológico debe ser algo más que un plan meramente hídrico). El ejemplo más palpable se encuentra en materia de regadíos, en particular, la lamentable ausencia de un Plan Nacional de Regadíos ante el Plan Hidrológico Nacional, que se deberían presentar, cuando menos, de forma paralela. Por último, el previsible fracaso del proceso de planificación hídrica en España se agudiza con la falta de participación de otras administraciones y del público, incluidos los usuarios, de todo tipo. La conclusión final a la que llega es que, el actual proceso de planificación de España, no está siguiendo con fidelidad los criterios de la UE, por lo que se están alzando muchas voces, tanto fuera como dentro de nuestro país, en contra del anteproyecto del PHN presentado recientemente al Consejo Nacional del Agua.
Pedro Arrojo Agudo. Facultad de CC. Económicas. Universidad Zaragoza La estrategia hídrica en España es la estrategia del “estructuralismo hidráulico”. Esta política fue inducida por poderosos grupos de presión con enormes intereses en la política hidráulica y amparado durante la falta de libertades del franquismo. Esto provocó que la crítica política, científica, técnica y económica fuese desechada. Este proceso se sustenta bajo la conjunción de tres factores: tradición cultural, nuevas técnicas hidráulicas y decidida intervención financiera y de gestión de los poderes públicos, y no ha tenido más tratamiento económico que el que se deriva de la gestión contable de las finanzas públicas, sin la aplicación de simples análisis coste-beneficio para la justificación de cada proyecto. Hoy, en nuestro país, se siguen arrastrando las obsoletas inercias del modelo, a pesar de las graves irracionalidades económicas y contradicciones de insostenibilidad que comporta. Es preciso asumir un giro en materia de gestión de aguas que nos permita pasar, de las tradicionales estrategias de oferta subvencionada basándose en grandes infraestructuras, a estrategias de gestión de la demanda y de conservación. En esta línea se precisa una profunda revisión conceptual que permita pasar, en lo que a las utilidades productivas del agua se refiere, de la actual mitificación productivista a un enfoque propiamente económico que asuma el nuevo paradigma del desarrollo sostenible. Tanto en materia de gestión de vertidos como de gestión de acuíferos sobreexplotados, hoy se puede hablar de desgobierno generalizado. El propio Libro Blanco del Agua reconoce el absoluto fracaso que ha supuesto el canon de vertido previsto en la Ley de Aguas. Y en cuestión de aguas subterráneas es una gestión insolidaria, insostenible, abocada a procesos de sobreexplotación, degradación y salinización de muchos acuíferos. Ante esta situación, en una espiral de insostenibilidad, la administración, lejos de asumir sus responsabilidades, ha optado por no declarar más acuíferos sobreexplotados y proponer el camino más fácil políticamente: grandes trasvases, lo que es un problema de gestión sostenible. Pasa así a enfocarse como un problema de oferta, retomando las viejas estrategias estructuralistas. El hecho de que el PHN ni siquiera aborde las raíces de esa situación, de sobreexplotación y desgobierno, es grave. La nueva Directiva Marco de Aguas introduce un nuevo enfoque, en la gestión económica, basado en el criterio de recuperación íntegra de costes y la asunción del valor de oportunidad en circunstancias de escasez. El proyecto del PHN entra en contradicción con esta directriz general de pasar a priorizar estrategias de gestión de la demanda en lugar de estrategias de oferta. Tal y como se muestra a través de los 130 nuevos proyectos de grandes embalses, y los grandes trasvases previstos. El estudio económico coste-beneficio, presentado, por el Ministerio de Medio Ambiente, del PHN, adolece de graves errores metodológicos que en algunos se deben calificar como prevaricación técnica: · Sesga a la baja presupuestos y elude partidas importantes (regulación, depuración...). · Sobrevalorará de forma inaceptable el valor de oportunidad de los caudales urbanos. · Cruza a conveniencia y confunde valoraciones financieras y económicas · Elude considerar escenarios plausibles de futuro (mercados agrarios, energía, clima...). · Confunde el análisis dimensional y la clarificación de costes marginales por tramos. · Elude un análisis serio de costes de compensación y de simulación de mercados. El presente proyecto de PHN, más allá de aspectos ambientales y sociales, se puede afirmar que entra en flagrante contradicción con los criterios económicos que exige la Directiva Marco de Aguas.
Andrés del Campo García. Presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España Las circunstancias mundiales, de necesidad de alimentos, requieren que la productividad agraria se triplique, y para que esto no suponga una ampliación de las tierras dedicadas a la agricultura, lo que supondría un impacto negativo sobre selvas y bosques, hay que aumentar los niveles de productividad existentes. En España, el futuro del agua, por la aridez de nuestro clima, va a tener una estrecha dependencia del futuro de la agricultura. A corto o medio plazo, no se puede pensar en ampliar las zonas regables con carácter generalizado, debido a que el desarrollo del regadío está condicionado por la Política Agraria Común (PAC), y por el proceso de liberalización internacional que se impulsa desde la OMC. Estas circunstancias plantean un resultado incierto en España, ya que se confunden las perspectivas del Estado y las Autonómicas con las iniciativas privadas. Esto provoca que la planificación hidrológica de nuestro país se retrase ante tantos intereses egoístas, lo que produce graves perjuicios para los usuarios del agua. El objetivo de la política de regadíos es consolidar la competitividad de la agricultura española. Para ello se deben consolidar los regadíos existentes, que son indispensables para el desarrollo rural de España. Es inevitable para conseguir este objetivo, que se interconecten las cuencas hidrográficas de modo que, ciertas zonas llamadas como deficitarias hídricamente, puedan salvar sus producciones en períodos de sequías, en un escenario de incertidumbre ante el cambio climático. Pero para que esta gestión sea adecuada, se debe compensar adecuadamente a las cuencas cedentes y limitar estos recursos como argumento para desarrollar nuevos regadíos. Hay tres medidas urgentes para conseguir estos objetivos marcados dentro de un desarrollo sostenible. Primeramente, se deben tomar medidas en el modelo territorial. Paralelamente se tiene que actuar sobre la demanda, para conseguir un ahorro efectivo del agua. Y, finalmente, la moderación en la implantación de nuevos regadíos. Las actuaciones sobre la demanda pueden ir encaminadas por la modernización de las infraestructuras de transporte, la flexibilización del régimen concesional, y la integración de la demanda ambiental entre las demás demandas. Pero también se deben realizar actuaciones sobre la oferta, que van desde medidas como la protección de aguas subterráneas, la mejora de la regulación de las cuencas hidrográficas, u otras actuaciones, como incrementar la reutilización y desalación en zonas costeras, interconectar zonas dentro de una misma cuenca hidrográfica o trasvases, siempre que se pondere bien su coste, los beneficiados por el mismo, su contribución económica y las compensaciones territoriales que procedan. Se debe avanzar de forma paralela tanto en el ahorro como en las infraestructuras, sin caer en la espiral de nuevos recursos, nuevas demandas. También existe la necesidad de una eficaz coordinación entre administraciones, para ayudar a los usuarios a modernizar sus infraestructuras, para intensificar los máximos esfuerzos en ahorro y eficiencia en el empleo del recurso (gestión de la demanda) y no abandonar las posibilidades de aumentar la disponibilidad de la gestión de oferta.
Roque Gistau Gistau . Director General de Aquagest El abastecimiento es el uso prioritario del agua. Se define como abastecimiento el aporte a los ciudadanos del agua potable necesaria para sus necesidades e incluye tanto usos domésticos como urbanos como comunitarios, y a la industria urbana o conectada a la red de abastecimiento. Los servicios del agua realizan la gestión íntegra del ciclo, desde la captación del recurso hasta la depuración y reuso del mismo. Estos servicios deben en cuenta criterios de sostenibilidad, establecer en la medida de lo posible un régimen económico que tienda a la recuperación de costes y a asegurar la calidad del servicio. Tanto el abastecimiento como el saneamiento son servicios que en España, son de competencia municipal. Este modelo es parecido en la mayoría de los países de la UE, aunque debe ser revisado para mejorar sus puntos débiles como puede ser, que en muchos casos, la unidad óptima de gestión del agua supera las dimensiones de un municipio. Para una buena gestión del recurso es necesario establecer un modelo de estimación de la demanda y conocer las variables significativas del modelo. Para ello es necesario estudiar la evolución de la población, la evolución de la dotación (pudiendo considerarla estabilizada, en la mayoría de los casos, en 300l/hab/día). Asimismo, es necesario establecer qué parte de la demanda es destinada a cada uso, ya que, de este modo, puede establecerse la dirección hacia la cual deben dirigirse los esfuerzos para mejorar el consumo. Por tanto, es imprescindible realizar un control sobre la demanda y para ello deben llevarse a cabo acciones sobre el usuario (información y educación sobre el uso de recursos) y acciones desde el administrador/operador de sistemas (creación de redes eficientes, desarrollo de una política tarifaria...). Dado que el servicio de abastecimiento debe ser accesible permanentemente con un nivel de garantía muy alto (al menos del 80%) es necesario tener medidas de alta regulación, disponer de recursos alternativos para emergencias y modelos de explotación que optimicen los recursos. En el Plan Hidrológico Nacional (PHN) no hay ninguna referencia expresa al sector del abastecimiento y saneamiento y parece prioritario que, teniendo en cuenta que la Ley del PHN, encomienda a un futuro reglamento las medidas de coordinación de los planes de cuenca, también se acuerde la redacción de un Plan Nacional de Abastecimiento y Saneamiento que ordene las actuaciones y haga eficiente el sector. En materia de abastecimiento humano existen los siguientes problemas: en primer lugar, una escasez de recurso garantizado con calidad suficiente, además de que hay que hacer frente al crecimiento de las megápolis así como las demandas del medio rural que posee servicios muy atomizados. También existe una necesidad creciente de grandes inversiones y aplicaciones de tecnologías complejas dedicadas al abastecimiento humano. Hay que hacer frente a las mayores exigencias tanto ambientales, como las exigencias que los propios consumidores determinan. Las soluciones de estos problemas pasan por la colaboración público-privada con participación de financiación privada creciente, la aplicación de tecnologías de tratamiento, información, e incluso de marketing, para la educación ambiental. Es útil la creación de grandes unidades de gestión que den servicio a un territorio y a todo el ciclo de la operación, así como iniciar una política que repercuta los costes reales a los usuarios del servicio de abastecimiento que se de en cada caso.
Enrique Calleja Hurtado. Director General del Agua de la Consejería de Obras Públicas. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Castilla La Mancha es una comunidad que no se identifica con ninguna cuenca en concreto, sino que confluyen en su territorio hasta siete cuencas hidrográficas, donde existen problemas declarados de sobreexplotación de acuíferos, y que posee problemas, tanto para el abastecimiento, como para la depuración de agua, al tener una baja densidad de población, muy dispersa, con numerosos núcleos diseminados. También es protagonista en el trasvase del Tajo al Segura, y otros problemas derivados, como la conservación de ecosistemas lacustres muy dependientes de la gestión del agua. La actual administración del agua es desastrosa y trasnochada. Se vuelve a caer en lo mismo, el PHN sigue siendo un plan de obras que endiosa las obras públicas como en antaño. Las obras públicas son necesarias, si se supeditan a la gestión, pero actualmente esta gestión no existe ya que los responsables de la política hidráulica de España, en especial, los miembros de las Confederaciones Hidrográficas, no consideran cuestiones tan importantes y evidentes como son, por ejemplo, las aguas subterráneas. El Libro Blanco del Agua suscitaba esperanzas sobre el futuro ya que se recogían elementos interesantes. Pero el PHN no ha cumplido las expectativas que ofrecía el Libro Blanco. El PHN no se basa en la eficiencia, ni en estudios rigurosos. Tampoco se hacen estudios sobre los caudales ecológicos, simplemente se marcan caudales, sin ningún criterio objetivo. Por otro lado, las Comunidades Autónomas deben tener una participación más activa en los organismos de cuenca. Es preciso un mayor rigor en la administración del agua, y la realización de estudios serios que se ajusten mejor a la realidad. Si esto no se logra, no tiene sentido plantear un PHN. Tampoco parece lógico que se planteen, como lo hace el PHN, necesidades de recursos porque existen cuencas deficitarias sin saber cuáles son las necesidades de esa zona. Es el ejemplo del trasvase Tajo-Segura, que según los planteamientos iniciales, iba a solucionar los problemas de escasez, y lo que ha provocado es aumentar el déficit. En Castilla-La Mancha están situados los dos únicos acuíferos de España, declarados como sobreexplotados, en la Cuenca Alta del Guadiana, habiendo muchos más en España pero que no se declaran por las limitaciones de uso que supone. El PHN agudiza las diferencias interterritoriales. Por otro lado, se debe utilizar para cada fin, según el tipo de agua en función de su calidad (el agua que se trasvase desde la cuenca Alta del Tajo, al Segura para regadío, sería más razonable, por su alta calidad, dedicarla como reserva de agua para Madrid). Otro punto importante es establecer adecuadamente las demandas. Hay que exigir mayor rigor en la evaluación de esas demandas, ya que son imprescindibles para poder gestionar.
Narcís Prat. Catedrático de la Facultad de Biología. Universidad de Barcelona La gestión del agua es un tema complejo. No es problemático en España por falta de leyes o regulaciones, sino por la falta de medios y de voluntad para hacerlas cumplir. Existe una legislación española moderna sobre el agua (ley 46/1999 del 13 de diciembre, que reforma la antigua ley de aguas), con vocación claramente ambientalista, debido a que sus directrices son parecidas a las que marca la futura Directiva Marco del Agua (con unos objetivos ambientales muy claros). De tal forma, que si se aplicase tal y como ha sido pensada, se conseguiría usar el agua para todas las necesidades humanas, al mismo tiempo que no hubiese consecuencias ambientales negativas, de esta manera se habría conseguido el tan manido “desarrollo sostenible”. Pero esto no se produce, al contrario. Se está experimentando un alejamiento entre las leyes y la realidad. El PHN es “increíblemente malo” en su estudio de los aspectos ambientales. Quedan en España pocos ecosistemas en buen estado ecológico, ya que la mayoría han sufrido una destrucción del hábitat, y contaminaciones de todas las clases, y lo que proclaman los planes de futuro está cargados de obras destructoras y poca esperanza de mejora para los ecosistemas que ya están degradados. El ejemplo emblemático de esta circunstancia es el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro, que promueve aún más embalses y hasta 400.000 hectáreas de regadío y no prevé ninguna de las amenazas, por ejemplo, la de la desaparición total o parcial del Delta del Ebro, debido a la falta de sedimentos, el exceso de abonos de las aguas, el agotamiento del oxígeno, la intrusión marina, los efectos sobre la producción marina que tendrá el que se eliminen aún más las avenidas del río, etc. Por lo tanto, aceptar este Plan es aceptar una destrucción todavía mayor que la que se ha hecho hasta ahora. Para empezar a superar el problema del agua en España, hay que aceptar primeramente la contradicción que existe entre deseos y realidades, ya que si no, no se realizará una gestión sostenible del agua en España. La gestión sobre el agua se limita, actualmente en España, sólo a hacer obras hidráulicas. Faltan profesionales interdisciplinares (no existen actualmente en las confederaciones hidrográficas) que entiendan e interpreten adecuadamente el espíritu de la Directiva Marco del Agua o de la propia legislación nacional, y que así se consiga preservar la vida de los ecosistemas, con un papel tan relevante como la garantía de abastecimiento a la población y más importante que asegurar agua para el regadío. Ante este panorama, “¿para qué sirven las leyes?”. Parece que las leyes sólo sirven para poder acudir a la vía judicial y aumentar el trabajo de los jueces, circunstancia que se multiplicará con la Directiva Marco del Agua, ya que la voluntad de implementarla es mínima por parte de la autoridades competentes. Las esperanzas que se depositan sobre las leyes, para que su espíritu y letra se cumplan, se encuentra con la realidad de unos gestores que no quieren o no pueden llevarlas a la práctica.
Francisco Cabezas Calvo-Rubio. Subdirector General de Planificación Hidrológica. Ministerio de Medio Ambiente El PHN es un mandato de la ley, por lo que sus contenidos están marcados por la misma, y es ella la que obliga a estudiar las transferencias hídricas entre cuencas. No es un empeño como se quiere hacer ver, sino que es una obligación el estudiarlo, y además se realiza con mayor profundidad que otros aspectos, debido a que los trasvases son de competencia exclusivamente nacional, ya que en muchas otras decisiones, las competencias las tiene cada Plan Hidrológico de Cuenca, en el que el PHN no puede entrar. Pero el PHN no es rehén de los Planes de Cuenca, ya que modifica y adecúa medidas señaladas en los propios planes. No debe plantearse el PHN como la solución universal sobre el problema del agua, sería una pretensión equivocada, además no todo lo que se hace en la política hidráulica está siempre mal. La evaluación de las transferencias intercuenca parte de la base del reparto del agua, que es un problema constatable que se da en ciertas zonas de España, y que difícilmente se puede solucionar en las propias cuencas donde surge. No puede, bajo ninguna circunstancia, ser olvidado, sino que hay que identificarlo y buscar una solución. Los órdenes de magnitud se han realizado con la permanencia o limitaciones de lo que hay actualmente en las cuencas, no se prevén nuevos regadíos como sí sucedió en el trasvase de Tajo-Segura. Las soluciones, ante el problema que se plantea, son dos: o se realiza de alguna manera un aporte de nuevos recursos, o se limitan, o incluso eliminan, situaciones de aprovechamientos actualmente existentes. Se han realizado muchos estudios aunque falta profundizar en los mismos. Los análisis económicos no son malos y, de ninguna manera, fraudulentos, como se han llegado a calificar. Son ilustrativos para poder dar una idea de cuestiones pertinentes a la ley, pero su eficacia acaba en la ilustración de ciertos aspectos. El borrador del PHN se está todavía discutiendo, y debatiendo en la Comisión Permanente del Consejo del Agua, a la cual llegan numerosos comentarios y contribuciones en un proceso paralelo de consultas. Todos tenemos la responsabilidad de poder sacar adelante el PHN.
Debate P: ¿Qué implicaciones tiene el Cambio Climático en el Plan Hidrológico Nacional (PHN)? R: (Pedro Arrojo) El PHN no ha asumido ninguna metodología de prospectiva de los posibles efectos del Cambio Climático. El PHN debería haber asumido metodologías prospectivas que partieran de unas situaciones más pesimistas. P: ¿Se ha analizado el Impacto Ambiental del trasvase del Ebro? R: (Francisco Cabezas) No se ha analizado. Se realizará en expedientes técnico-administrativos posteriores. Lo que sí se han realizado han sido estudios singulares sobre determinados elementos del medio, no en sí un EIA. P: ¿Los regadíos garantizan alimentos a los países que carecen de ellos? ¿A qué precios? R: (Andrés del Campo) El proceso de globalización es impredecible. Hay una gran incertidumbre de cual será el papel de la agricultura. La EAO indicaba que serían necesarios regadíos en los países más desarrollados. En España en cualquier caso se está asumiendo que no exista más regadío, y que sí modernicen los existentes. P: ¿Qué efectos tiene el trasvase del Tajo-Segura para Castilla-La Mancha? R: (Enrique Calleja) El Tajo no tiene excedentes para trasvasar y además están muy condicionados los posibles trasvases a un caudal ecológico mínimo del Tajo. P: ¿Existe suficiente control de los acuíferos manchegos? R: (Enrique Calleja) No. Se está trabajando, pero la sobreexplotación sigue. No se han tomado medidas sobre esto. P: ¿El trasvase Tajo-La Mancha que apoya la Junta Castellano-Manchega implica el apoyo general a los trasvases? R: (Enrique Calleja) Es en sí un trasvase pero con objetivos muy diferentes a otros, ya que se plantea llevar aguas potables a más de 500.000 habitantes. No es agua para regadío que requeriría una calidad inferior. P: ¿Qué pasos esta dando el MIMAM para la tranposición de la Directiva Marco del Agua? R: (Francisco Cabezas) Está muy incipiente, si bien hace tiempo que se está estudiando. En estos momentos se están redactando los reglamentos de la Ley de Aguas y, posteriormente, se adaptará la Directiva Marco.
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