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| Relatores: Vicente Carcelén. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación José Antonio Fernández Sánchez. Instituto Tecnológico Geominero de España Francisco Flores Montoya. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos José Antonio Ortiz Fernández-Urrutia. Consejo General de Colegios Oficiales José María Sánchez Jiménez. Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas Colaboradores Técnicos: Gonzalo Aragón Morales. Confederación Hidrográfica del Segura Juan Álvarez. Aguas de Barcelona, AGBAR Joan Canals. Cida Hidroquímica. OHL Gaspar Cienfuegos. Canal de Isabel II Ricard García. Cida Hidroquímica. OHL Marcelo López. Aguas de Barcelona, AGBAR Juan Antonio López Geta. Instituto Tecnológico Geominero de España, ITGE Antonio Fermin Mestre Barceló. INM José Eugenio Naranjo. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación José Eduardo Torres Sotelo. Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos José Luis Utrillas Serrano. Confederación Hidrográfica del Júcar Coordinador: José María Sánchez Jiménez. Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas |
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El plan hidrológico nacional El PHN culmina el proceso de planificación hidrológica iniciado con los primeros planes hidrológicos de cuenca. De acuerdo con el art.38 de la Ley 46/1999 de modificación de la 29/1985 de Aguas la planificación hidrológica tiene por objetivos generales conseguir el buen estado ecológico del dominio público hidráulico y la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales. Entre los contenidos del PHN está establecer La previsión y las condiciones de las transferencias de recursos hidráulicos entre ámbitos territoriales de distintos Planes Hidrológicos de cuenca Las alternativas que plantea coinciden con otras ya conocidas en cuanto a la forma de solucionar los problemas a resolver, aunque son de una cuantía significativamente más pequeña. Para conseguir la calidad ecológica de las aguas, aspecto fundamental para el Medio Ambiente, se prevé que el Ministerio de Medio Ambiente desarrolle un programa para la definición, caracterización y análisis del estado ecológico del dominio público hidráulico, aunque no se dice nada, es decir no se planifica un programa de actuaciones para la consecución del buen estado ecológico de las aguas con plazos y actuaciones. Todo el Plan está dedicado a analizar la viabilidad de los trasvases de aguas entre ámbitos territoriales de distintos planes hidrológicos de cuenca. Los documentos desarrollan con gran detalle los estudios para demostrar los volúmenes de excedentes que existen en los distintos puntos de posible captación. Se estudia con detalle el impacto de la detracción en el Bajo Ebro sobre la desembocadura en la zona del Delta, que es el único impacto ambiental directo de las transferencias propuestas como aconsejables sobre la cuenca origen demostrando como es asumible y plantea soluciones para paliarlo. El análisis ambiental del Plan se centra, aparte del efecto sobre la cuña salina en el Delta del Ebro, en analizar y evaluar los impactos de las infraestructuras de trasvase y las modificaciones del ciclo hidrológico en cantidad y calidad. Hay un estudio bastante detallado de los efectos ambientales de las actuaciones previstas, en la cuenca de origen, en el transporte y en destino durante la explotación. En concreto se analizan el impacto durante la ejecución de las obras . Respecto al cambio climático y los grandes compromisos que pueden implican los trasvases, desde el punto de vista medioambiental, aunque el Plan ha considerado un escenario de cambio climático, es posible que pueda considerarse demasiado simple y quizás sin la profundidad necesaria, al plantear sus efectos como un porcentaje de la aportaciones. Quizás pueda justificarse por las incertidumbres de cualquier planteamiento pero no por la prudencia que merece el tema. Directiva marco La Directiva, presenta aspectos innovadores e institucionaliza a nivel comunitario, la gestión medioambiental de todas las aguas por cuencas hidrográficas. Considera e institucionaliza como básicos los aspectos de información y participación ciudadana. Aunque incorpora los aspectos económicos como instrumento de gestión, el papel que hayan de jugar los mismos, dependerá de la subsidariedad de los estados. Institucionaliza como instrumento básico para la consecución de los objetivos ambientales los planes de cuenca. Al dejar aspectos importantes a la subsidariedad de los estados respeta singularidades y flexibiliza su aplicación La eficacia en su aplicación, la realidad de sus altos costes previstos y la bondad de los periodos y plazos, no podrá evaluarse como mínimo hasta el año2015, final de la aplicación del primer plan de cuenca. La eficiencia de la gestión del agua Ante una situación de recursos hídricos limitados y escasos, agravada por un aumento de las demandas, es obligado mejorar la eficiencia de la gestión del agua en todos sus aspectos. Para realizar una gestión eficiente del agua es preciso disponer, en primer lugar, de unos instrumentos y medios adecuados, legislativos e institucionales, con los que España cuenta sobradamente para lograr este fin. El estado de las infraestructuras y la modernidad, adecuación y aptitud de los medios materiales y humanos que utilizan los gestores del agua son condicionantes básicos para lograr elevar su eficiencia. El estado de funcionamiento y la modernidad tanto de las infraestructuras como de los medios utilizados para la buena gestión del agua están directamente ligados a las inversiones que se realicen para su mejora y modernización. En cualquier caso tales inversiones redundan invariablemente en economías de agua y en flexibilidad de la gestión de los sistemas. Para poder llevar a cabo una gestión eficiente de los recursos hídricos es indispensable disponer de una buena Red de estaciones de información que, en cada momento, den a conocer a los gestores el estado de disponibilidad de los recursos superficiales y subterráneos y las demandas reales. La gestión eficiente de los recursos de agua incluye la preservación de su calidad como medio de aumentar las disponibilidades reales de aguas puras utilizables y de proteger el entorno ambiental. Las Administraciones Hidráulicas deberían velar por el estricto cumplimiento de las condiciones impuestas a las concesiones, así como por impedir, con todos los medios que les permitan sus atribuciones, los usos abusivos y captaciones ilegales de aguas superficiales y subterráneas y, en general, del mal uso de cualquier elemento del DPH. La optimización de la gestión del agua sólo podrá lograrse cuando se realice guiada por criterios puramente técnicos y ajustados a una aplicación efectiva de la legislación vigente promulgada para tal fin, sin interferencias de otros factores ajenos y poderosos que desvirtúen el espíritu de imparcialidad y del bien común que inspiró a los legisladores. Alternativas de aprovechamiento intensivo del agua La reutilización directa de aguas residuales en España alcanza actualmente un volumen de 230 hm3/año (89% en riegos agrícolas, 6% en campos de golf, 2% en usos municipales y 3% para fines ambientales). Esta cifra viene a suponer un escaso 0,7% del total de recursos hídricos utilizados para usos consuntivos, y un 5% de los destinados a abastecimiento urbano. Hay buenas perspectivas de incremento de la reutilización, impulsadas por la mayor disponibilidad de efluentes depurados que supondrá la aplicación de la Directiva 91/271/CEE, relativa al tratamiento de aguas residuales urbanas, y del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración No obstante la expansión de la reutilización presenta ciertos problemas, derivados de falta de normativa sanitaria específica sobre calidad admisible del agua, de las inversiones necesarias en tratamiento terciario, transporte y regulación, y de insuficiente formación tecnológica de los usuarios agrícolas. Por otra parte, existen limitaciones derivadas de la disponibilidad de agua residual depurada en cuantía, lugar y tiempo adecuados. Una estimación del techo máximo de reutilización en España arroja cifras de entre 750 y 1.500 hm3/año equivalentes a triplicar o sextuplicar los volúmenes actuales obtenidas suponiendo que se reutilizan los efluentes de las poblaciones mayores de 50.000 habitantes, con pérdidas por fugas y consumo del 40% respecto al volumen derivado para abastecimiento y con hipótesis de regulación mensual o anual de los efluentes depurados. La aportación de recursos hídricos procedentes de desalación de aguas de mar o subterráneas salobres registra en España un rápido crecimiento en los últimos años, cifrándose actualmente en un volumen de 250 hm3/año (60% para uso urbano, 25% uso agrícola y 15% uso industrial). Las posibilidades de desarrollo futuro de la desalación dependen de modo fundamental del coste energético, vinculado directamente al precio a que pueda obtenerse el kwh, aunque hay que señalar que las mejoras de eficiencia de los procesos ha permitido una reducción estimable de los costes. Entre los problemas aparejados a la desalación cabe señalar, además de su coste, los impactos ambientales ocasionados por la eliminación de salmueras, o posibles intrusiones marinas en acuíferos costeros derivadas de una extracción inadecuada de agua salobre. La gestión integrada de las aguas superficiales y subterráneas, junto con su conservación en cantidad y calidad y su utilización sostenible, son objetivos prioritarios contemplados en la legislación de aguas y en la política comunitaria en materia de agua y medio ambiente. Su implantación en España exige esfuerzos importantes de la Administración y de los usuarios, encaminados a una incorporación efectiva de las aguas subterráneas a la gestión (aumentando las disponibilidades y reduciendo la vulnerabilidad frente a sequías de muchos sistemas de explotación), a la ordenación de los actuales aprovechamientos y a la protección del recurso frente a contaminaciones localizadas o extensivas, así como a la preservación de los equilibrios con ecosistemas acuáticos o terrestres. En términos globales, la extracción de agua subterránea suministra actualmente en España 5.500 hm3/año, equivalentes al 16% de los recursos hídricos empleados en usos consuntivos. De dicha cifra, unos 1.500 hm3/año se destinan al abastecimiento de 10.300 núcleos de población, que totalizan 12 millones de habitantes, y el resto en su práctica totalidad a riegos agrícolas. La importancia social y económica de estos aprovechamientos obliga a plantear con rigor su sostenibilidad, amenazada en algún caso por problemas de sobreexplotación. Una evaluación reciente indica que problemas de este tipo afectan a 74 de las 420 unidades hidrogeológicas delimitadas, aunque sólo en 38 de ellas se ha confirmado una disminución efectiva de las reservas no renovables; el volumen global de reservas de este tipo extraído en los últimos 20 años se estima en 7.000 hm3, a un ritmo actual de vaciado de unos 580 hm3/año (equivalente a un 10% de la extracción total de aguas subterráneas). Existen buenas posibilidades de desarrollo de la utilización de las aguas subterráneas, en el marco de los condicionantes de la política hídrica y de una gestión integrada de los recursos hídricos. Algunas evaluaciones cifran en 11.000 hm3/año el máximo de aprovechamiento de los acuíferos, equivalente al doble de la explotación actual. Un estudio más detallado, referido únicamente a la utilización de agua subterránea para abastecimiento urbano, estima en 700 hm3/año el volumen adicional de agua subterránea que podría aportarse para dicho fin, aunque también debe tenerse en cuenta que en algunos acuíferos con problemas de sobrexplotación será preciso reducir las extracciones, lo que afectaría a un volumen de unos 350 hm3/año utilizados hoy día para abastecimiento.
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