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 Relatores: Rosa Arce Ruiz. Aproma/Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Higinio García. Urbaser Colaboradores técnicos: Francisco Aleza. Ministerio de Medio Ambiente Miguel Ángel Baquedano. Ayuntamiento de Madrid Tomás Cazurra. Depurbaix Felix Cristobal Sanchez. Ayuntamiento de Madrid Juan Manuel Fontoira. Ayuntamiento de Madrid Carmen Gómez Linares. AYESA Francisco Gómez Uria. Ayuntamiento de Marchena Ricardo Luis Izquierdo. Ayuntamiento de Fuenlabrada Alfonso Maíllo. Urbaser Fernando Morcillo Bernaldo de Quirós. OHL Jaume Nieto. Resa Rafael Perez-Quevedo Gomez. EGMASA Magdalena Pizarro. C.I.T. Industriales Salvador Rueda. Ag. E. U. de Barcelona Javier Ruiz de Galarreta. Ferrovial Agromán Francisco Tapia Granados. Junta de Andalucía Coordinadora: Rosa Arce Ruíz. Aproma/Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos |
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 Del debate interno del grupo, extraemos las cuestiones que nos parece importante destacar, para reflexión o para debate, según los casos. Las cuestiones abarcan muchos de los temas que se han ido analizando a lo largo de todo el documento, fruto de las preocupaciones de los miembros del grupo y se refieren a aspectos estratégicos o a aspectos de detalle. - Es necesaria la transformación de las estructuras administrativas para adecuarlas a los retos de eficacia y calidad que una moderna gestión hidráulica exige. Sobre todo, y en lo que afecta a las infraestructuras medioambientales, porque los cambios legislativos de los años ochenta exigen de la administración hidráulica una capacidad de gestión en materia de aguas subterráneas, medio ambiente, planificación y economía del agua y estricta gestión del recurso en términos jurídicos y de explotación, que la separan, en parte, de su ámbito tradicional de actuación, y para las que no se han dotado en absoluto los medios económicos ni personales necesarios. - Es necesario pasar de un modelo tradicional y economicista de “política hidráulica” (que en España ha venido marcada casi en exclusiva por la política agraria) a un modelo de “política del agua” que se base en un uso racional del agua en términos de sostenibilidad. - Es necesario, también, el uso correcto del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, como instrumento de ayuda a la toma de decisiones, ampliando su aplicación a la fase de planificación y mejorando la aplicación en fase de proyecto. - Es imprescindible una mayor coordinación administrativa. En este sentido, la Administración General del Estado debe compatibilizar el respeto a la libertad de gestión de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales en materia de medio ambiente con: • el cumplimiento de objetivos mínimos comunes en todo el territorio español • el cumplimiento de los compromisos adquiridos por España en tanto que Estado miembro de la CE (planificación nacional, información medioambiental, etc), o con otros estados no comunitarios • el uso cada vez mayor en la política de residuos de instrumentos de mercado, como los acuerdos voluntarios entre agentes económicos. • Los Planes autonómicos deberían definir los tipos de infraestructura después de un debate general deberán delimitarse y fijar los emplazamientos - Es imprescindible promover la creación de Mancomunidades de Municipios cuando éstos tienen dificultades para la gestión de sus competencias, evitando la dejación de funciones y competencias de éstos en las Comunidades Autónomas. - Es imprescindible la completa aplicación del principio “quien contamina paga”. En la actualidad, el contaminador no soporta todos los costes que su actuación provoca, produciéndose transferencias de costes al conjunto de la sociedad, lo que se materializa en ayudas públicas de los niveles administrativos nacionales o comunitarios. - Hay que tomar conciencia de que el recurso a las ayudas públicas injustificadas sufrirá una reducción drástica en el futuro (el recurso a los Fondos de Cohesión desaparecerá para España en el año 2006, y ya hoy día su concesión exige el que la infraestructura de que se trate aplique el principio “quien contamina, paga”). - Ello conducirá a una participación cada día mayor de la financiación privada en infraestructuras medioambientales, cuyos costes totales deberán ser soportados vía tarifas de uso por los usuarios de las infraestructuras. Conviene empezar a abordar fórmulas extra-presupuestarias para financiar los proyectos de infraestructuras y fomentar que en las tarifas del servicio de agua se incluya el ciclo completo, desde su captación en el medio natural hasta su devolución a éste en condiciones compatibles con él. - Es necesario implantar sistemas tarifarios que estimulen y fomenten el ahorro de agua, o la minimización de residuos. Los bienes sin precio real no se valoran. - Es necesario discriminar, en aquellos núcleos con una importante proporción industrial, las tarifas para usos domésticos de las de usos industriales. - Es necesario estudiar la posibilidad de implantar ventajas fiscales, o de otro tipo, a aquellas industrias que acometan reformas para aplicar tecnologías punta en reducción de consumo y depuración de agua. - Es necesario tender hacia sistemas e infraestructuras que simplifiquen las operaciones y reduzcan los costes de mantenimiento, conservación y explotación. - Es preciso ir introduciendo el concepto de “regeneración” de aguas residuales como un paso más de la depuración, lo que implica una perspectiva de “reutilización” de esta agua, con tratamientos avanzados complementarios y terciarios; todo ello con vistas a la economía en la cantidad y a una mejora de la calidad. - En cuanto a la contratación de proyectos, es preciso asumir que no siempre las entidades públicas encargadas de la promoción de las infraestructuras medioambientales cuentan con la capacidad técnica necesaria para realizar estudios exhaustivos sobre las ventajas e inconvenientes de las soluciones existentes, ya que se trata de campos de desarrollo muy dinámico. Parece razonable que empresas especializadas, actuando de consultoras de la administración, puedan colaborar en la selección de las soluciones medioambientales más adecuadas al problema particular planteado, desechando las que no tienen un historial de realizaciones suficientemente sólido como para dar las necesarias garantías de buen rendimiento. Se trataría de evitar que las presiones comerciales puedan influir en el proceso de selección. - Es preciso restablecer la importancia que tienen los plazos de ejecución razonables en cada una de las actividades del proyecto, empezando por el estudio básico inicial, la preparación del pliego de condiciones, el plazo para la preparación de las ofertas, el tiempo necesario para clarificar y homogeneizar las ofertas y finalmente fijar un plazo de ejecución física del proyecto de acuerdo con la práctica normal en la industria, no sujetándose a vaivenes dependientes de factores externos ajenos al problema y al proyecto. - Puede ser interesante reservar el sistema de contratación conjunto de proyecto y obra y explotación exclusivamente para aquellas infraestructuras que supongan tecnologías muy “abiertas”, con objeto de dar posibilidad de introducción de sistemas modernos, en todo caso, suficientemente contrastados por la experiencia, sin cerrarse, “a priori”, con fundamentalismos técnicos. - En otros casos, el sistema de concurso, frente al de subasta, parece más adecuado, ya que en este tipo de actuaciones, en general, concurren una o varias de las razones recogidas a estos efectos en la vigente Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. - Las administraciones deberían ser más estrictas tanto en el control del número de vertederos existentes, como en su funcionamiento y repercusión sobre el entorno circundante. Además, se ha de reservar la vía del vertedero como la última alternativa de destino de los residuos. - El biogás debería contar con un régimen especial que potenciara su interés económico y técnico. - Es preciso hacer un esfuerzo para que la población esté informada sobre la importancia de un buen tratamiento de sus residuos, y el destino de los mismos, por un lado, y, por otro, para que pueda participar activamente cuando ello sea conveniente: recogida selectiva, participación en procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, etc. - Es necesario aplicar herramientas como el Análisis de Ciclo de Vida de los diferentes sistemas de tratamiento, así como análisis económicos con internalización de costes. - El aporte de materia orgánica a nuestros suelos ha de ser considerada una cuestión estratégica, no de carácter técnico o incluso económico. Deberíamos seguir la pista de países europeos que llevan años aplicando al suelo derivados de la fermentación aeróbica y desarrollando tecnología para el tratamiento de esta fracción de los residuos. - Parece recomendable, pues, tomar medidas de carácter técnico legal, económico, organizativo y de información para paliar el problema planteado, a la vez que se resuelve, en el mismo intento, buena parte de la gestión de los residuos municipales, ya que la materia orgánica es hoy la fracción más importante en peso del conjunto de las basuras. - La creación de un banco integrado de residuos orgánicos se perfila como un instrumento necesario para la canalización de estos flujos residuales. - En el ámbito de los instrumentos organizativos, se impone la creación de un Instituto Nacional del Compost como centro de referencia para el conjunto de comunidades autónomas, como centro gestor de los flujos de materia orgánica, estabilizada o no, provenientes del conjunto de España, entendiendo que las características geográficas, el contenido de la materia orgánica y los flujos de compost generados son muy distintos dependiendo de las regiones. Después, una vez organizado, es factible pensar en una descentralización por regiones. - El Instituto establecería las calidades del compost y la bondad de las distintas partidas para su aplicación a determinados suelos. En consecuencia, el Instituto propondría también nueva normativa con contenido técnico-jurídico. - No deberían comercializarse mezclas de compost de residuos urbanos con compost de lodos de depuradoras de aguas residuales, buscando un efecto claramente diferenciador de ambas materias orgánicas y de sus calidades. - Independientemente de los límites analíticos exigibles sobre contenidos en metales pesados y sobre macro, microelementos, patógenos y semillas, se deben considerar los siguientes criterios de calidad: Materia orgánica superior a 45% s.m.s. Humedad inferior a 35% Granulometría inferior a 15 mm el 95% - Pueden obtenerse calidades suficientemente comercializables, tanto a partir de materia orgánica separada en origen (recogida selectiva) como a partir de materia orgánica concentrada en planta de tratamiento. Bastaría con exigir calidades de la fracción compost comercializable. - Es preciso plantearse una serie de cuestiones sobre la gestión de los rechazos, teniendo en cuenta que, hoy día, con los nuevos rendimientos de las instalaciones de valorización energética, puede recuperarse en energía eléctrica entre 700 y 800 Kwh/t de rechazo gestionado. - Para lograr un amplio consenso social sobre la aceptación o no de soluciones de este tipo, sería preciso efectuar estudios técnicos independientes que establecieran una serie de aspectos como: ¿Qué repercusión medioambiental tendría? ¿Qué costes de gestión supondría? ¿Qué ventajas representaría respecto a la situación actual? ¿Qué grado de cumplimiento de la legislación tendría la aplicación de estos planteamientos? - Sobre gestión de compost de lodos de EDAR, se pueden plantear una serie de cuestiones: • El RD 1310/1990 establece la obligación de un severo sistema de muestreo y analítica de suelos como condición previa para la aplicación de lodos o compost de lodos a los suelos agrícolas, independientemente de su calidad, ¿Por qué esta exigencia no existe para ningún otro abono, producto fitosanitario o residuo?. • Si el compost que se fabrica a partir de lodos de EDAR de buena calidad, no es considerado y regulado como compost, ¿ Cómo debe denominarse? • El límite del 35% de lodos de EDAR que establece la O.M.MAPA de 28/5/98 para poder inscribirse en el Registro de Fertilizantes y Afines, ¿ Qué consistencia técnica y/o científica tiene? • ¿ Por qué una enmienda orgánica de suelos que contenga en su mezcla lodos de EDAR no puede conseguir la Ecoetiqueta Europea, EEE, aunque cumpla la calidad exigible a estos productos, regulados por la Decisiones 94/923/CEE y 94/488/CEE? • Respecto a la futura Norma Europea de Calidad del Compost, surge una duda sobre su contenido: ¿ Seguirá el criterio de excluir los compost de lodos o que contengan lodos en su composición, no atendiendo a su calidad, simplemente eliminándolos por su nombre u origen? • El tercer borrador de Directiva de Lodos de Depuración, introduce límites más estrictos en metales pesados que los actuales, introduce nuevos controles (compuestos orgánicos) y establece estrictas condiciones de uso del compost. Todas estas nuevas condiciones podrían comprometer, por su excesivo coste, la aplicación agronómica de los lodos de depuradora. • Sería conveniente reducir, en lo posible, el vertedero como destino final de estos lodos, salvo en los casos de que las condiciones de reutilización lo permitan. - Igualmente, se debería optar por sistemas de compostaje cerrados, frente a sistemas de aire libre. • Hay que introducir paulatinamente sistemas de secado térmico de fangos para disminuir el impacto ambiental de las instalaciones. • Hay que adaptar la metodología de trabajo y de selección de destino final a las nuevas normativas de la Unión Europea, considerando especialmente los aspectos relativos a los residuos tóxicos y peligrosos. - Igualmente, sería necesaria la implicación del Ministerio de Agricultura. - Las calidades y porcentajes de envases obtenidos en las plantas de recuperación son mucho mayores que las recogidas selectivamente, incrementándose, además, los costes de gestión a niveles difícilmente sostenibles en este último caso. Con el fin de optimizar y conjugar las cantidades recogidas con las calidades y los porcentajes seleccionados en plantas de recuperación, se podría plantear realizar la gestión de recogida y tratamiento en dos fracciones (húmeda y seca), reduciendo, a su vez, el coste global por toneladas en envase recuperado.
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