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Relatores:

Adolfo Cid.
U.G.T.

Gregorio Izuzquiza.
Diputación General de Aragón

Colaboradores técnicos:

María José Martín.
NOVOTEC

Matilde Niño.
Amigos de la Tierra

Pepo Parra.
APROMA

Coordinador:

Vicente Galván.
APROMA


 

· Todos los planes recogen el cumplimiento de la Jerarquía Europea de gestión de residuos, que antepone la minimización y el reciclado a la eliminación y al vertedero. Sin embargo, cuando se analizan las actuaciones previstas y las inversiones, se comprueba que esta jerarquía se altera, porque se prima el vertedero a cualquier otro sistema.

· Ninguno de los Planes y Programas establecen mecanismos concretos de seguimientos y valoración del cumplimiento de los objetivos, así como medidas correctoras para las desviaciones que puedan producirse. Tampoco se prevén los mecanismos que aseguren la financiación de las inversiones durante el período de desarrollo. Estas deficiencias son las que han llevado al fracaso del Plan Nacional de Residuos Peligrosos, que finaliza el 31 de diciembre de este año, y puede conducir por el mismo camino al recientemente aprobado Plan Nacional de Residuos Urbanos (2000 – 2006), así como a los otros planes cuyo borrador está ahora en información pública.

· La legislación nacional actualmente vigente recoge con suficiente profundidad los modelos que deben aplicarse en la gestión de todos los residuos: la ya citada Jerarquía Europea, la Estrategia de la Unión Europea y la participación de todos los ciudadanos. Otra cosa es cómo llevarlos a la práctica.

· El principio de prevención figura a la cabeza de cualquier planificación en residuos. Su aplicación en el ámbito español se encuentra con la dificultad de una insuficiente y deficitaria información sobre la situación de partida.

· Los principios de proximidad y autosuficiencia también aparecen recogidos con suficiente claridad en todos los planes y programas. Su interpretación vuelve a ser motivo de debate, ya que en ocasiones se utilizan como trabas meramente burocráticas para dificultar la labor de determinadas empresas, o favorecer intereses regionales.

· La responsabilidad de los productores de residuos es un principio universal, que ya fue recogido en la célebre frase “quien contamina paga”. Sin embargo, algunas administraciones son reacias a ello por motivos políticos, asumiendo los gastos correspondientes con cargo a sus presupuestos. La Unión Europea está tratando de corregir la situación, sobre la base de no financiar proyectos que no incluyan todas las partidas e el cálculo de los costes de la gestión.

· La aplicación del principio de subsidiariedad está encontrando dificultades, derivadas de la falta de definición como servicio público de la gestión de residuos. En esta ambigüedad, algunos piensan que la administración debe pagar al final la gestión de cualquier residuo, mientras que gestores privados se niegan a dar servicio a determinados productores, recurriendo a las leyes del libre mercado.

· El reciclaje y la reutilización constituyen principios gestores de la planificación de residuos. Los mayores problemas para llevarlo a la práctica son la creación de mercados estables de las materias primas secundarias, la coordinación de las distintas administraciones implicadas, la formación de los ciudadanos y un análisis global que no traslade la contaminación de un medio a otro.

· El aspecto más importante de toda planificación, sea de residuos o de otro tipo, es el de la financiación de las actividades previstas. Varios modelos se están aplicando a este respecto, y todos ellos aparecen en los Planes y Programas analizados. En general, se contempla una gran participación de fondos públicos, ya sean europeos (cohesión, desarrollo, FEDER, etc.) o procedentes de los presupuestos de las administraciones nacionales. Un aspecto menos desarrollado es el de la creación de nuevos impuestos y tasas, por su carácter impopular. Por ello, se suelen reservar para medidas que desincentivan la generación de residuos.