Se reflejan a continuación Conclusiones sobre elementos especialmente relevantes que se han suscitado en todos los Actos del Congreso. 

-  En materia de espacios naturales protegidos se precisa una mayor participación pública de las comunidades locales tanto a la hora de planificar como especialmente en una gestión sostenible de estos espacios. 

 Se hace necesario consolidar los instrumentos de planificación (PORN) y gestión (PRUG) de espacios naturales protegidos existentes y, lo que es esencial, velar por el cumplimiento de las condiciones impuestas en estos Planes, especialmente en lo relacionado con los efectos o impactos derivados de las actividades turísticas. Por otra parte los Planes de Desarrollo Regional deben incluir iniciativas derivadas de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y de la Red Natura -2000, para así acceder a la financiación, por parte de los Fondos Estructurales de la UE. 

-  La Estrategia española para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica supone una excelente referencia en la materia, si bien es necesario para implantarla el que los planes sectoriales (agricultura, pesca, industria, transporte, turismo) se adapten para lograr su completa aplicación. En este sentido la Estrategia Nacional de Biodiversidad debe adoptarse a un máximo nivel de compromiso político, plasmándose en la legislación para garantizar su adecuada puesta en práctica. Se reclama por tanto una ley Básica en materia de Biodiversidad que obligara a la aplicación de la Estrategia realizada en la materia. 

-  España carece aún de una política forestal clara; se hace estrictamente necesaria la elaboración de una Ley Forestal orientada a fomentar la multifuncionalidad, del bosque, la prevención de incendios, la conservación de la biodiversidad, la lucha contra la desertización y la contribución a la regulación del ciclo hidrológico. 

-  El desarrollo de la nueva Ley de Residuos exigirá que el Ministerio de Medio Ambiente publique, en los próximos meses,  un conjunto de órdenes para controlar el tratamiento de un conjunto de residuos que, hasta ahora, no estaban suficientemente controlados: aceites, pilas y acumuladores, neumáticos, vehículos fuera de uso, equipos eléctrico y electrónicos, sanitarios y hospitalarios, construcción y demolición y peligrosos domésticos.

-  Se trata, en todos los casos, de residuos más próximos a los ciudadanos, por lo que todos tendremos que cambiar nuestros hábitos de consumo, nuestras formas de deshacernos de las basuras y acostumbrarnos a pagar por servicios que, hasta ahora, resultaban gratuitos. 

-  Se ha constatado una gran dificultad para acceder a la información sobre la gestión de los residuos  que se está realizando en nuestro país. Por ello, se ha realizado un llamamiento a los Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y al Ministerio para que coordinen sus actuaciones y utilicen las modernas tecnologías de la información para poner estos datos al servicio de los ciudadanos. 

-  Se ha constatado que los residuos industriales generados por las grandes empresas están controlados en su práctica totalidad. Ha llegado el momento de actuar ante los pequeños productores y ante los residuos peligrosos de los hogares (medicamentos caducados, pinturas, disolventes, etc.). 

-  El Congreso ha considerado que la Estrategia Integrada de Gestión de los residuos, formulada por la Unión Europea, es el único modelo válido para el futuro. Por ello, el debate mantenido en el Congreso no ha sido ideológico, sino sobre las formas de implantar esta estrategia. 

-  El Congreso ve con preocupación que las administraciones españolas hayan apostado con preferencia por el vertedero, frente a otros sistemas de minimización, reciclado y valorización de los residuos. Esta solución es contraria a la citada Estrategia Integrada de la Unión Europea. 

-  De nuevo se ha constatado la necesidad de una mayor coordinación en materia de residuos entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio, así como un control por parte de este sobre la aplicación que aquéllas hacen de la normativa 

-  Se considera que la aplicación que las Comunidades Autónomas están haciendo de los principios comunitarios de proximidad y autosuficiencia, rayan permanentemente la ilegalidad, cuando no la superan. Esto está conduciendo a la creación de monopolios y a precios artificiales que distorsionan el mercado. 

-  Se ha considerado la necesidad de establecer una lista roja de tecnologías de tratamiento obsoletas o medioambientalmente inadecuadas, así como una lista de precios mínimos de tratamiento, que hagan desaparecer del mercado a “ chiringuitos” que ofrecen soluciones milagrosas a precios de saldo. 

-  Se ha insistido en la obligación de continuar la necesaria formación de la sociedad, para que acepte la necesidad de las instalaciones de gestión de residuos. En este sentido, este IV Congreso ha destacado por el tono dialogante de todos los debates, lejano de cualquier crispación. El trabajo realizado en los anteriores Congresos parece que comienza a producir los resultados perseguidos. 

-  La colaboración ciudadana en las primeras experiencias de segregación en origen de las basuras domésticas está siendo muy positiva. Es necesario proseguir con la educación y extender el sistema a todos los municipios españoles, con objeto de cumplir los porcentajes de recuperación fijados en la Ley de Envases y Residuos de Envases. 

- El Congreso ha insistido en la necesidad de que las Comunidades Autónomas unifiquen sus criterios sobre  la clasificación de los residuos peligrosos, así como en las tecnologías adecuadas para el tratamiento de cada uno de ellos. Actualmente, algunos residuos son o no peligrosos dependiendo de la Comunidad donde se encuentren, y su tratamiento es uno u otro en función de su localización geográfica. 

- Es necesario tender a un concepto de Ciudad Sostenible donde la gestión ambiental esté incorporada como una parte esencial para proporcionar la máxima calidad de vida al ciudadano. Instrumentos como las Ecoauditorías, Sistemas de Gestión, etc… pueden ser válidos par la necesaria aplicación de Agendas 21 Locales, básicas para el logro de la Ciudad Sostenible. Desde el IV Congreso animamos a los municipios españoles para que desarrollen en el ámbito de sus competencias estas Agendas 21 en sus respectivos territorios. 

- Los Organismos internacionales no han establecido límites de exposición orientados a controlar los efectos crónicos de los campos electromagnéticos pero, por un “principio de cautela” la Comisión Europea ha propuesto una Recomendación para limitar o evitar los efectos agudos de la exposición a los mismos. 

  La falta de evidencia clara de un riesgo no dice el “principio de cautela”, invalide los poderes públicos y tomen políticas para la prevención de riesgo ambientales. 

- Para el desarrollo de políticas de medio ambiente, y la puesta en marcha de estrategias de desarrollo sostenible, es esencial adecuar instrumentos financieros concretos que generen corrientes adicionales a posibles sistemas fiscales, pudiendo ejercer de catalizador de los importantes flujos de ayudas y subvenciones en esta materia. En este sentido es de destacar el potencial papel de la Banca tanto como consumidor, inversor y creador de diferentes productos financieros a nivel ambiental. 

 - Los profesionales de la información financiera deben establecer las bases para una Contabilidad orientada a la gestión de los recursos naturales. La reutilización de auditorías éticas y de cumplimiento, las verificaciones de los residuos y el consumo energético, o los presupuestos medioambientales, jugarán un papel muy importante en los próximos años. 

 - La Contabilidad y sus practicantes deben cumplir con su papel de “comunicadores”, informando tanto a los responsables de cada organización como a la sociedad sobre el empleo de los capitales naturales, y el grado de mantenimiento o destrucción del total de recursos disponibles. 

 - Se plantea la necesidad de establecer un foro de información en materia de residuos radiactivos donde estén integrados las asociaciones científicas y todos los grupos sociales e institucionales cuyo objetivo sea informar a los ciudadanos, ya que se entiende que será el primer escalón necesario para resolver esta grave problemática, ya que este foro deberá cumplir con las premisas de objetividad, claridad, independencia y credibilidad de la información sobre esta problemática. 

 - La ecoetiqueta tiene un importante papel que cumplir como elemento de información al consumidor, siendo para ello imprescindible encontrar modos para terminar con las malas prácticas de los falsos reclamos ecológicos. De cara al consumidor sería importante identificar con logotipo único. 

 - Resulta de la máxima urgencia integrar en la ciudad las infraestructuras que ya existen en la misma (aeropuertos, ferrocarriles, carreteras, líneas eléctricas, etc), antes que el desarrollo urbanístico las convierta en agresivas para el ciudadano. 

 - El sector del transporte va a dificultar el cumplimiento de los Acuerdos sobre el Cambio Climático, resultando en su concepción actual insostenible. Las políticas de liberalización del sector pueden acrecentar aún más el problema ya que las bases de competencia no incluyen los costes ambientales y ello favorecerá a los sistemas más contaminantes. Una liberalización sobre estas bases es incompatible con el medio ambiente. 

 - En cuanto a los recursos pesqueros, no podemos olvidar los efectos de la pesca sobre el ecosistema, atendiendo sobre todo a la sobreexplotación de los mismos y al problema de las elevadas cifras que se dan en descartes, llamando a todos los implicados a desarrollar una práctica sostenible a través de una Gestión de pesca sostenible. 

 - Para un desarrollo sostenible del litoral es urgente la puesta en marcha de una política unificada de gestión de las zonas litorales que considere correcta la delimitación y conservación del dominio público marítimo-terrestre. Para ello se necesitan órganos permanentes de coordinación entre los distintos estamentos componentes. Del mismo modo es imprescindible la definición de la Política Común Europea en materia de Ordenación y Gestión de zonas costeras. 

- Las exigencias ambientales de los consumidores turísticos adquieren una especial relevancia, como motores de un cambio en las actividades ambientales de la actividad turística tanto en los espacios del turismo tradicional como espacios rurales y naturales más valiosos y protegidos. 

- Los Sistemas de Gestión Medioambiental sirven para mejorar el comportamiento medioambientales de las empresas y promover una mejora continua del medio, en un esquema de producción de calidad total. Los retos más importantes que se tienen que abordar en este campo son los siguientes: 

* La formación de directivos y trabajadores para la correcta aplicación de los Sistemas de Gestión Ambiental. 
* Incorporar la variable ambiental no sólo en la gestión empresarial sino también en el diseño de los productos, considerando de forma integra su ciclo de vida. 
* Incorporar el análisis del entorno en el que se sitúa la actividad empresarial en el diagnóstico  de la situación ambiental de la empresa para entender mejor los impactos por ellos causados. 

- La Directiva IPPC referidas al control y prevención integrado de la contaminación, persigue el establecimiento de las mejores técnicas disponibles (MTD) para cada sector, los límites admisibles y la creación de una ventanilla única. Plantea de una forma definitiva el medio de que el factor ambiental sea una parte más del proceso productivo tan importante  como otros. 

- En todo caso en relación a la IPPC se considera la conveniencia, al mismo tiempo que las dificultades de todo tipo, de la implantación de la “ventanilla única” medioambiental. Se teme que se llegue a una “ventanilla última” en vez de única. Urge resolver los problemas jurídicos y de competencia que puedan dificultar o alterar su implantación. 
- Los sectores específicos plantean las dificultades de resolver sus principales problemas ambientales: 

* El de los residuos espaciales que exige acuerdos internaciones, aparte de los residuos crecientes en aeropuertos y los ruidos de las aeronaves. 
* El de construcción naval, en el que no existen alternativas válidas que sustituyan a los actuales procedimientos de tratamiento de superficies. 
* Las reformas  que exigen las normas medioambientales en el sector de defensa, tanto organizativas, como de normalización interna. 
* El de energía  con las reformas e inversiones a la que le obligará la inclusión y limitación de los nuevos contaminantes. 
* El de telecomunicaciones, en su doble vertiente de ayuda al control de la contaminación y su aspecto de contaminador (gran consumidor de agua, productor de chatarra electrónica…). Tiene el reto de resolver el problema de la contaminación electromagnética en la telefonía móvil. 

- Las energías renovables son, sin duda, las que producen menor impacto ambiental, pero sería conveniente analizar el impacto que se produce desde su gestión hasta el tratamiento de su residuo final. 

- Sin duda la energía eólica es entre las renovables la que produce energía eléctrica a precio más competitivo. La eficacia energética y la utilización adecuada de la energía es lo que en mayor medida puede reducir el impacto ambiental. Del mismo modo, sería importante concienciar a la opinión pública de que la eficiencia energética comienza con el uso racional y respetuoso que cada ciudadano hace de la energía. 

 - Con respecto a la calidad de las aguas es preciso afirmar que si bien la situación de la depuración de aguas residuales urbanas ha mejorado, aun queda por realizar enormes esfuerzos en la depuración de industriales. En este sentido es estrictamente necesario la realización de mayores controles en los vertidos hídricos (aún muchos de ellos ilegales) siendo preciso para ello, definir un nuevo canon de vertido al mismo tiempo que realizar las reformas legales pertinentes para regular más detalladamente las prohibiciones de vertido. 

 - Se debe optimizar la gestión haciendo especial hincapié en la calidad y en la mejora continua del rendimiento del sistema para lo cual deben diseñarse y mantenerse correctamente las redes, con las tecnologías más actuales. Es preciso motivar al consumidor para racionalizar el consumo, y adaptar y diseñar los sistemas y apartados a tal fin, así como potenciar la reutilización de las aguas usadas, que permita liberar recursos de mayor calidad, siendo necesario para ello una normativa clara, en fase de elaboración, y un plan con prioridades, incentivos y sistemas de financiación que fomente su aplicación. 

 - El precio del agua, en todos los usos, como un elemento más de optimización de la gestión y racionalización del uso, debe tender a reflejar todos los costes del ciclo integral; del agua, expresándose en unas tarifas con criterios de elaboración homogéneos, sin menoscabo de los aspectos diferenciadores entre abastecimiento. 

 -  La planificación hidrológica es un instrumento fundamental de la política hidráulica. Los recursos disponibles para satisfacer las demandas pueden obtenerse mediante regulación y de otras diversas formas. 

- El agua se considera desde un triple perspectiva: bien social, básico para la salud y la calidad de vida y también determinante en la ordenación del territorio y cohesión social; bien ambiental, necesario para la conservación de los ecosistemas asociados al agua; y bien económico, por cuanto es aprovechado para la producción de energía, usos suntuarios, recreativos y lúdicos, etc). 

- Como bien social, ambiental e incluso como bien económico, en cuanto impedir que se monopolice, exige la intervención de los poderes públicos para su explotación y ordenación; cundo puede ser calificado como bien escaso parece razonable aplicarle criterios de eficiencia económica. 

  Una vez satisfechas dignamente las necesidades básicas y eliminados la mayor parte de las condiciones que su escasez impone al desarrollo, han adquirido gran relevancia los aspectos medioambientales. En la actualidad se asiste a una nueva escena en la que se están replanteando el reparto de papeles y cuestionando los objetivos y los medios utilizados. En tanto, existe cierta impaciencia por abrir el debate que, sin duda, va a plantear el Libro Blanco del Agua en España. 

 - Las recientes catástrofes naturales han puesto de manifiesto que generalmente afectan más a los países con mayores déficit de infraestructuras adecuadas en cantidad y calidad que generalmente coinciden con los menos desarrollados y dentro de estos azotan con más fuerza a las clases más desfavorecidas. 

 - El régimen jurídico actual, fundado en el dominio público del agua, debe mantenerse en cuanto a sus principios, algunos de los cuales inspiran el Proyecto de Directiva Europea sobre el marco comunitario en la política del agua. En este contexto, la creación de un verdadero “mercado del agua” resulta incoherente, porque los bienes de dominio público no son, por definición, objeto de comercio. 

 - Cabe, ciertamente, admitir la transmisión controlada de derecho de aprovechamiento sobre las aguas. Así entendido, el “mercado del agua” puede ayudar a resolver algunos problemas puntuales, pero no es una alternativa al régimen actual ni es el principal problema que la legislación vigente debe abordar. 

 - Necesidad de la transposición de la Directiva Marco a derecho nacional, a través de una ley, que cubra el hueco que deja la Ley del 72, así como los Decretos que la cumplimentan por su falta de adecuación. 

 - Necesidad de imponer una tasa a los sectores emisores. Obligando a aquello que se obtenga de esta nueva iniciativa, se revierta en aspectos relacionados directamente con la calidad del aire. Si no fuera así, las redes dejarían de operar con eficacia, dado que los costes de mantenimiento son cada vez mayores. 

 - Es necesaria la celebración de un Encuentro en 1999, en el que se analice la problemática existente en la Calidad del Aire, y se adecuen las nuevas tendencias. 

 - Son necesarios los estudios en distintas zonas problemáticas de España, que permitan demostrar la existencia de partículas de origen natural, dificultando la adecuación de los valores reales a los niveles límites. 

 - Se ha puesto de manifiesto la necesidad de coordinar y unificar, por parte de  las administraciones competentes, la Directiva IPPC + Directiva Seveso + Directiva Evaluación Impacto Ambiental, esto facilitaría mucho más cosas para todos los sectores implicados: empresas, administraciones, ciudadanos. En este sentido la Ley 3/98 de la Generalitat de Cataluña sobre intervención integrada de la administración supone un paso importante para esta lograr deseada unificación 

- Para el desarrollo de las expectativas que se han generado en materia de Participación el medio ambiente, es imprescindible un alto nivel de información y de educación ambiental. Para ello se necesita una mayor voluntad política (así como un mayor nivel de responsabilidad ciudadana) para la institucionalidad de la participación en Medio Ambiente. 

- La estrategia nacional hacia la problemática del cambio climático debe estar enmarcada en el establecimiento de un modelo y planificación energética en los próximos años que cumpla los requisitos de: 

a) Consenso político en el escenario propuesto. 
b) Coordinación con las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales y otros agentes locales. 
c) Concienciación a la sociedad ante este problema. 
d) Compromiso ambiental ante la UE. 

Sin estos requisitos no podrá existir una estrategia nacional, con credibilidad, ante el cambio climático. 

- Durante los últimos años la información ambiental no ha conseguido una continuidad en la difusión de los temas ambientales en general, pero las situaciones límites, como los sucesos puntuales que han tenido un gran seguimiento y dimensión informativa,  ecológico de Doñana o la Cumbre de Buenos Aires han obtenido gran repercusión. 

 Los periodistas que han participado en la elaboración del documento del Grupo de Trabajo específico constatan que la información ambiental en gran medida es catastrofista y se aboga por incrementar la información positiva sobre lo cotidiano, y no tanto sobre información diferencial y alarmista. 

- Las expectativas que indicaban una explosión en el medio ambiente como yacimiento de empleo no se están cumpliendo. Las tendencias y previsiones no indican un despegue definitivo, sería necesario casi triplicar las inversiones actuales en materia ambiental para situarnos a la altura de los países europeos. Hace falta un mayor cumplimiento de la normativa, fomentar sistemas de inspección, un mayor control y vigilancia e incrementar la inversión pública y privada en medio ambiente. 

- El Medio Ambiente precisa de una más decidida acción política tanto a nivel gubernamental como supragubernamental. Las estrategias ambientales no caben soportarlas en España en base a sistemas de autorregulación o acuerdos voluntarios con los sectores productivos. Se hace estrictamente necesario las administraciones ejerzan con más autoridad las labores inspectoras destinadas a velar por el cumplimiento de la normativa ambiental. 

- Es un denuncia generalizada en los distintos foros de este IV Congreso los enormes déficits de coordinación interadministrativa a nivel ambiental en España. Los distintos órganos administrativos a nivel ambiental (central, autonómico y local) deben fomentar la coordinación entre sí y también con los otros departamentos sectoriales cuyas actividades afecten directa o indirectamente al medio ambiente. En todo caso esta acción coordinadora debería dejar a un lado circunstancias políticas y  coyuntuales que podrían repercutir muy negativamente en la conservación del entorno. 

- La rotura de la presa de Aznalcóllar que causó el desastre de Doñana y que ha afectado gravemente al ecosistema ha sido uno de los mayores dramas sociales y ambientales de nuestro país. Las relaciones ecosistémicas no entienden de figuras administrativas de protección. El impacto existe y si bien se están dando pasos para su corrección no debemos ocultar los errores. Ni la coordinación administrativa fue la adecuada en un inicio del problema ni la exactitud de los informes ni los mecanismos de inspección y control fueron los deseables. Doñana nos ha dejado a todos la duda de si estaremos, todos, haciendo bien las cosas pero también nos ha dado fuerzas, desde la rabia y la impotencia, para seguir luchando por el Medio Ambiente. 

- Se hace ya necesaria la creación de una Agencia o Instituto Nacional de Medio Ambiente que a nivel técnico contribuyera a facilitar la coordinación administrativa apoyando, integradamente con órganos análogos de las CCAA, a la Conferencia Sectorial en materia ambiental. Esta Agencia o Instituto realizaría labores entre otras de asesoría en materia legal de elaboración de Planes Estratégicos y de controles y garantías de calidad de tecnologías destinadas a la medición de contaminantes, no permitiendo así que los gestores públicos o privados de redes de control asumieran toda la responsabilidad. 

- En materia de Educación Ambiental se hace preciso potenciar al máximo la Educación no formal, dirigida al ciudadano en general dado que la educación es primordial para una participación más activa en materia ambiental. 

- En muchas ocasiones el libre acceso a la información ambiental garantizado por la Ley 38/1995 se ve obstaculizado no por una carencia de información, ni por falta de voluntad política, sino por la propia desorganización de esta información en las administraciones competentes. 

 Los responsables de organizar esta información y difundirla han hecho un esfuerzo sintetizando su esquema de funcionamiento para publicarlo en el Libro Blanco de los Sistemas de Información Ambiental en España. 

 El IV Congreso Nacional del Medio Ambiente, y en particular la edición de este Libro Blanco, ha supuesto un importante incentivo para los servicios de información de las administraciones, impulsando en algunos casos que se dé un avance en este tema. 

- Se ha establecido un grupo de trabajo que basado en el intercambio de experiencias se plantea su continuidad como forma de establecer criterios comunes que faciliten la labor no sólo de difundir la información, sino también de acceder a ella y utilizarla. En esta iniciativa se incorporan además de las comunidades autónomas y el Ministerio de Medio Ambiente, municipios, diputaciones y entidades privadas que están llevando a cabo importantes experiencias en este campo. 

- Finalmente significar dos hechos que han gratificado plenamente al Comité Organizador de este Congreso Nacional. 

* El alto grado de participación de los asistentes a este Congreso en los distintos foros de debate que revela el alto interés en contribuir activamente en la búsqueda de soluciones. Afortunadamente el anatemizar las distintas posiciones parece haber desaparecido. Todos los grupos sociales y las distintas sensibilidades deben aportar su visión par dar las soluciones realmente integradas que en ocasiones se necesitan. 

* Por otra parte, sin excluir la reflexión global esencial para el conocimiento de la realidad ambiental, es preciso remarcar el alto nivel de concreción de los debates, el detalle de las propuestas y las aportaciones metodológicas para su desarrollo. 

Para cualquier consulta os podéis poner en contacto con el gabinete de prensa del Colegio Oficial de Físicos. Telf.: 91 447 06 77. 

Y una vez concluido este IV Congreso Nacional del Medio Ambiente las personas que han formado este Gabinete de Prensa os agradecen la colaboración que nos habéis prestado. 
 

Carmen Alfonso 
Luis Guijarro 
José Manuel López-Cózar y 
 la inestimable ayuda de Verónica Menezo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LIBRO BLANCO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL EN ESPAÑA 

LA INFORMACIÓN AMBIENTAL CADA VEZ MÁS CERCA 

El Libro Blanco de los Sistemas de Información Ambiental en España fue presentado el pasado 27 de noviembre dentro del IV Congreso Nacional de Medio Ambiente por Gonzalo Echagüe, presidente de dicho Congreso y del Colegio Oficial de Físicos. 

El IV Congreso Nacional del Medio Ambiente ha hecho un esfuerzo importantísimo para presentar, durante la celebración del mismo, cómo debe ser la información ambiental en España. Es decir, por primera vez se presenta un libro en el que están recogidos todos los sistemas de información ambiental, para ello se ha contado con todos los responsables en materia de información ambiental de los distintos gobiernos autonómicos del país. También se ha contado con las experiencias de los municipios más representativos en esta temática, y con empresas de distintos sectores de producción. 

Desde que la Directiva Europea 90/313/CEE garantizara la libertad de acceso y difusión de la información ambiental, normativa que se transpuso al Estado español en 1995 con la Ley 38/1995, el ciudadano tiene derecho a conocer las actuaciones medioambientales de las administraciones públicas, determinadas actividades industriales de las empresas, así como la situación real del medio ambiente y del entorno en el que vivimos. 

Sin embargo, la información ambiental cada día es más compleja debido a que cada vez está más compartida. Actualmente, la mayoría de las competencias del medio ambiente están transferidas a las Comunidades Autónomas, incluso algunas competen directamente a corporaciones locales. Esta distribución dispersa complica el acceso real a la información ambiental.